DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 5-2026

Guatemala, 06 de abril de 2026

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que, por mandato constitucional, es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas.

CONSIDERANDO

Que, con fundamento en los informes de seguridad emitidos por las entidades competentes, fue necesario decretar los Estados de Prevención mediante los Decretos Gubernativos números 2-2026, 3-2026 y 4-2026 del Presidente de la República en Consejo de Ministros, de fecha 16 de febrero, 3 de marzo y 18 de marzo de 2026, respectivamente, a efecto de adoptar medidas orientadas a contrarrestar los ataques contra las autoridades civiles por parte de integrantes de maras o pandillas, derivados de la negativa del Estado de acceder a peticiones al margen de la ley formuladas por personas privadas de libertad, así como para garantizar la seguridad de los habitantes y de sus bienes. No obstante, subsiste la necesidad de mantener un marco jurídico que permita la ejecución de acciones excepcionales y coordinadas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en aquellos departamentos que, por sus condiciones, cuentan con la presencia de centros de detención, conforme a la Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala, de mayor capacidad de personas privadas de libertad o por tratarse de departamentos fronterizos, acciones dirigidas a prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público, a fin de garantizar los derechos de los habitantes de la República.

CONSIDERANDO

Que el Estado de Guatemala es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que conforme a estos instrumentos internacionales, ante casos de peligro público que requieran adoptar disposiciones en la medida y tiempo estrictamente limitado a la exigencia de la situación, las mismas deben sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar la protección de los derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, por razones de interés general y exclusivamente para el propósito establecido.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales a), b), e) y n), de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en los artículos 138, 139 y 195 de la norma constitucional; y, 1, 2, 8, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público.

EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA