*Modifica la competencia territorial del acuerdo 30-2009

ACUERDO NÚMERO 26-2016

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República otorga al Organismo Judicial la potestad de Juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, que de acuerdo a la Ley del Organismo Judicial, es facultad de la Corte Suprema de Justicia asignar la competencia de los Tribunales de Justicia y que, conforme el Código Procesal Penal, le corresponde la distribución de la misma en materia penal, teniendo, entre otros, los criterios de necesidad y funcionalidad, y, asimismo, el Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales, en desarrollo de esos conceptos regula lo relativo a que, en los lugares en donde se considere oportuno, para garantizar un servicio efectivo y continuo, podrá esta Corte nombrar varios jueces en un mismo despacho judicial.

CONSIDERANDO

Es facultad de la Corte Suprema de Justicia determinar los Tribunales competentes para conocer en la fase procesal correspondiente en los procesos de mayor riesgo, de conformidad con lo regulado en el Decreto número 21-2009 del Congreso de la República, Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo; asimismo, le corresponde expeditar el cumplimiento inmediato de la Ley de la materia y asegurar las garantías constitucionales de los sujetos procesales, así como su coordinación interna pudiendo nombrar jueces pluripersonales en un mismo despacho judicial, asignados por horarios, en jornadas diurna, mixta y nocturna, bajo el principio de coordinación entre sí, con el propósito de garantizar la prontitud y eficiencia y evitar la demora en la tramitación de los casos.

CONSIDERANDO

Es importante garantizar la seguridad personal de los funcionarios responsables de la investigación y juzgamiento de las personas sujetos en los procesos penales, debiéndose minimizar los riesgos para el traslado de detenidos, en especial los de alta peligrosidad. Asimismo, reducir los costos de operación de traslados de reclusos, como lo establece el Decreto número 21-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, y su Reforma contenida en el Decreto número 35-2009 del Congreso de la República de Guatemala.

POR TANTO

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos: 203 y 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 53, 54, 57, 58, 62 y 77 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 y sus Reformas; 43, 45, 47, 48, 49 y 52 del código Procesal Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la República, ésta integrada como corresponde,

ACUERDA: