EXPEDIENTE  6950-2022

Se desestima la acción de inconstitucionalidad general parcial contra el artículo 1 contenido en el Acta Municipal 15-2022.4.


EXPEDIENTE 6950-2022

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA, QUIEN LA PRESIDE, NESTER MAURICIO VÁSQUEZ PIMENTEL, LEYLA SUSANA LEMUS ARRIAGA, LUIS ALFONSO ROSALES MARROQUÍN Y WALTER PAULINO JIMÉNEZ TEXAJ: Guatemala, trece de junio de dos mil veintitrés.

Para dictar sentencia, se tiene a la vista la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, a través de su representante legal, José Jorge Tecúm, contra el artículo 1 del Reglamento de Adjudicación de Bienes Inmuebles No Municipales del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, contenido en el punto cuarto del Acta Municipal 15-2022, de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emitida el Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, publicado en el Diario Oficial el nueve de marzo de dos mil veintidós. El postulante actuó con el auxilio de los abogados Sergio Alejandro Axpuac, Cristian Owaldo Otzín Poyón y Amílcar de Jesús Pop Ac y, posteriormente, en sustitución de este último, se incorporó el abogado Juan Gabriel Ixcamparij Nolasco. Es ponente en el presente caso el Magistrado Vocal III, Roberto Molina Barreto, quien expresa el parecer del Tribunal.


ANTECEDENTES

I. CONTENIDO NORMATIVO DE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA: el artículo 1 del Reglamento de Adjudicación de Bienes Inmuebles No Municipales del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, contenido en el punto cuarto del Acta Municipal 15-2022, de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emitida el Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, publicado en el Diario Oficial el nueve de marzo de dos mil veintidós, regula: "Artículo 1. OBJETO. El presente reglamento tiene por objeto establecer los requisitos legales y procedimientos administrativos de adjudicación de bienes inmuebles que estén en posesión de particulares o entidades públicas o privadas y que formen parte de la finca inscrita en el Segundo Registro de la Propiedad al número cuatro mil doscientos veintiuno, folio doscientos dieciséis del libro veinticuatro del departamento de Quiché, a nombre del pueblo de Santo Tomás Chichicastenango de este departamento.".

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA IMPUGNACIÓN: conforme a lo expuesto por la Municipalidad Indígena accionante, el enunciado normativo objetado contraviene lo estipulado en los artículos 39, 67 y 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por las siguientes razones: A. Respecto a la transgresión del artículo 39 constitucional: i) la disposición impugnada atenta contra el derecho a la propiedad del pueblo maya K'iche que reside en el municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, quien es representado por la Municipalidad Indígena de esta localidad; ii) por la naturaleza del derecho cuya violación se invoca (propiedad privada), su ejercicio corresponde con exclusividad a su titular, por lo que, con la emisión de la norma denunciada se pretende disponer de un bien inmueble que no le pertenece a las autoridades civiles del municipio, sino a la comunidad indígena que habita en el lugar y es representada por su municipalidad, y iii) "...se está violentando el derecho fundamental de Propiedad Privada, puesto que aun cuando no es titular del derecho, busca atribuirse el mismo y regular propiedad ajena, de lo cual deviene inconstitucional dicho reglamento...". B. En cuanto a la contravención del artículo 67 constitucional: i) la terminología empleada en la redacción del enunciado impugnado ("establecer", "requisitos", "adjudicar", "posesión") vulnera el contenido constitucional de la disposición citada; ii) con la emisión del artículo impugnado, se establecen parámetros que contrarían el espíritu y la regulación del Texto Fundamental, particularmente en lo relativo a la protección especial e histórica a favor de las tierras de las comunidades indígenas; iii) se omite la responsabilidad estatal desarrollada en la sentencia de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por la que la Corte de Constitucionalidad destacó "la obligación de los gobiernos de respetar la importancia especial que para las culturas revista su relación con las tierras o territorios [contenida en el Convenio 169 de la OIT], así como el hecho de reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan..."; iv) la disposición impugnada impone una regulación a una finca propiedad del pueblo de Santo Tomás Chichicastenango, es decir, a un bien inmueble que no pertenece a la Municipalidad de este lugar, sino de la comunidad indígena que ha vivido en esta área durante años, siendo administrada históricamente por la máxima autoridad de esta comunidad, la Municipalidad Indígena; de modo que la Municipalidad de Santo Tomás Chichicastenango no puede arrogarse propiedad ni derecho alguno con el afán de disponer sobre la tenencia, posesión y administración de la finca en cuestión [finca número cuatro mil doscientos veintiuno folio doscientos dieciséis del libro veinticuatro de Quiché ], máxime cuando en la primera inscripción del bien aludido, consta que este pertenece a "el Común y Naturales del pueblo de Santo Tomás Chichicastenango", razón por la cual la administración de la misma corresponde con exclusividad a la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango; v) la limitación de las tierras indígenas, a través de registros municipales obligatorios, inobserva el criterio sostenido por la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativo al reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos y las comunidades indígenas, a efecto de garantizar la titularidad de sus derechos respecto de las propiedades comunales que poseen y administran; vi) si bien "el Común y Naturales del pueblo de Santo Tomás Chichicastenango" sometió el ordenamiento de su territorio a la autoridad estatal, fue con el único objeto de obtener el reconocimiento y la inscripción registral de las tierras que le pertenecen, más no trasladar el dominio de las mismas a las autoridades civiles, de modo que la comunidad indígena que habita la finca en cuestión mantiene la propiedad del bien inmueble, tal y como lo refleja la inscripción registral mediante la cual el Estado de Guatemala les adjudicó en propiedad el bien referido; vii) con la disposición denunciada se incumplió el mandato constitucional de proteger con especial atención las tierras indígenas, en particular, el enunciado que refiere que "las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema", que es precisamente el caso de la finca cuya regulación pretende imponer el Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché; viii) de tal cuenta que el bien inmueble inscrito a nombre "el Común y Naturales del pueblo de Santo Tomás Chichicastenango", no puede verse afectado por la emisión de un reglamento municipal, cuyo objeto es el de imponer requisitos legales y administrativos para la adjudicación de bienes inmuebles en posesión de personas jurídicas e individuales que integren la finca número cuatro mil doscientos veintiuno folio doscientos dieciséis del libro veinticuatro de Quiché (que corresponde la municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché), sin que sea el Concejo aludido el facultado para disponer de la administración del bien inmueble, y ix) el contenido de la norma denunciada no distingue entre la corporación municipal, electa por el mecanismo del sistema de elección de Guatemala y se rige por el Código Municipal, y la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, entidad que ejerce la representación legal de las comunidades indígenas asentadas en la circunscripción territorial y han administrado históricamente la finca, cuya regulación se pretende. C. Con relación a la violación del artículo 152 constitucional: i) la emisión de la disposición denunciada reviste de total ilegalidad y tergiversación del ejercicio del poder de la autoridad municipal, pues con ello atenta contra el derecho de propiedad privada y la protección a la propiedad de las comunidades indígenas, contenido en los artículos 39 y 67, y ii) la regulación por parte de una autoridad estatal de una propiedad que no le pertenece, deviene ilegal, inconstitucional y constituye un evidente abuso de autoridad.

III. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

Se decretó la suspensión provisional de la disposición denunciada en resolución de veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Se confirió audiencia por quince días al Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché y al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. Oportunamente, se señaló día y hora para la vista.

IV. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES

A) El Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, expresó que: i) de la lectura del escrito inicial se establece que los argumentos esbozados son eminentemente fácticos, pues únicamente hacen referencia a cuestiones de hecho, particularmente, sobre un interés que pretende hacer valer la accionante sobre un bien inmueble que aduce le pertenece, sin que se establezca la labor de parificación ni confrontación que exige este tipo de planteamientos constitucionales; ii) entre las pretensiones de la interponente se colige que busca la determinación de un supuesto derecho de propiedad y la administración del bien inmueble, cuya tenencia y administración reclama, aspectos que deben dilucidarse y acreditarse, en todo caso, en la jurisdicción ordinaria, pues en sede constitucional no es dable emitir pronunciamiento respecto de condiciones particulares de los accionantes, sino que debe practicarse un análisis abstracto del contenido de la norma que se estima contraria al texto constitucional; iii) la interpretación de la frase: "Común y Naturales", así como la posesión y propiedad ancestral sobre bienes, son tópicos deben ser dilucidados en la jurisdicción ordinaria, sede judicial en la que se deberá determinar a quién le fue adjudicado y/o posee el territorio objeto de disputa, de conformidad con los medios de respaldo que incorporen al proceso judicial de mérito; iv) la supuesta posesión histórica del inmueble debe ser demostrada y acreditada mediante los elementos de convicción que resulten necesarios; v) la garantía de inconstitucionalidad de leyes no prevé período probatorio, de manera que resulta improcedente la solicitud que efectuó la interponente al ofrecer medios probatorios en el presente caso; vi) es reiterada la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad relativa a que la vía para dilucidar aspectos sobre derechos de propiedad o posesión indígena no es la constitucional, sino la ordinaria, por lo que el asunto que subyace a esta garantía debe ser planteado en sede judicial ante el órgano competente para el conocimiento de este tema; vii) la titularidad del derecho de propiedad privada y un posible desalojo, son aspectos que deben ser examinados por los jueces ordinarios, pues serán estos quienes adopten un postura sobre el particular, en función de la prueba que obre en autos; viii) innecesariamente se cuestiona sobre la competencia de las municipalidades existentes en el mismo territorio (civil e indígena), en especial, sobre a cuál le corresponde regular el bien inmueble en cuestión; ix) existe incongruencia entre los argumentos esbozados, pues se confunde la propiedad comunal y la propiedad privada, así como el dominio, la tenencia y administración de una finca; x) la interponente se limitó a transcribir fallos de la Corte de Constitucionalidad sin efectuar un análisis detallado de cada uno de los supuestos de cada norma constitucional que estima vulnerada (parificación y confrontación), sumado a que no es factible determinar, del escrito, las razones que sustentan cada señalamiento de inconstitucionalidad; xi) el abogado Amílcar Jesús Pop Ac (auxiliante), ostenta un cargo público (diputado al Parlamento Centroamericano) circunstancia que le impide comparecer y auxiliar la solicitud formulada, razón por la que se incumple lo normado en el artículo 134 inciso d) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; xii) la inconstitucionalidad general de leyes no es la vía idónea para cuestionar, por los motivos reseñados por la interponente, el acto impugnado, pues la competencia de administración de la finca objeto de regulación por la normativa impugnada, así como la titularidad de la propiedad de tal inmueble, son tópicos que deben ser dilucidados a través de un juicio de conocimiento en el que sea factible aportar, diligenciar y valorar los elementos probatorios necesarios para respaldar las proposiciones de fondo de las partes o, en todo caso, de estimar una evidente violación a derechos constitucionales, cuestionar los eventuales actos de autoridad mediante la acción constitucional de amparo; xii) en la actualidad, la finca objeto de regulación mediante la norma denunciada, la totalidad del territorio del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, es habitada por indígenas de diferentes comunidades y etnias, así como por personas que no pertenecen a ninguna de estas, por lo que se desvanece el argumento de la interponente relativo a la pertenencia exclusiva de dicho bien a favor del pueblo maya K'iche; xiii) el objeto del Reglamento de Adjudicación de Bienes Inmuebles No Municipales del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché -cuyo Artículo 1 se impugna-, es regular los procedimientos para que los vecinos de tal circunscripción territorial, regularicen la condición jurídica y registral de sus propiedades y, con ello, evitar arbitrariedades por falta de seguridad jurídica en menoscabo del derecho a la propiedad privada; xiv) el Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, como autoridad electa democráticamente, representa a todos los habitantes de la localidad, sin distinción alguna, por lo que debe velar por los intereses comunes de la población; de modo que si accede a la pretensión de la solicitante, lejos de fomentar un ambiente de seguridad y certeza jurídicas, carecería de sentido la existencia de la entidad edil, pues no tendría un territorio que administrar; xv) la normativa impugnada cumple y desarrolla lo previsto en los artículos 1°, 2° y 39 constitucionales, pues fomenta la seguridad jurídica y garantiza el derecho a la propiedad de los habitantes del municipio, como formas de alcanzar el bien común, por lo que el hecho que inicialmente la finca objeto de regulación se hubiese inscrito a nombre del pueblo del citado municipio, no es impedimento para una justa y ordenada distribución del derecho que les corresponde a cada uno de los pobladores, sobre todo, porque la población (en abstracto) no ostenta personalidad jurídica propia, sino que el derecho lo ejercita cada persona en lo individual; xvi) la normativa impugnada es el medio idóneo a efecto de conseguir el respeto al bien común, justicia, seguridad jurídica y el derecho de propiedad esencial para el desarrollo de toda la población del municipio, de ahí que no se puede monopolizar la administración de territorio sobre la base de que la accionante representa a la población indígena del municipio, cuando ambas entidades ediles han coexistido armónicamente en el territorio en cuestión, respetando la cultura y las tradiciones, y xvii) el Registrador del Segundo Registro General de la Propiedad ha considerado que es la Municipalidad del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, la titular de la finca registrada a nombre de "el Común y Naturales del Pueblo de Santo Tomás Chichicastenango", pues cuando la interponente ha intentado obtener la inmovilización de la finca, esta solicitud no ha resuelta favorablemente (incluso, se encuentra en trámite un ocurso de hecho en contra del registrador, mismo que lo conoce y tramita el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del departamento de Quetzaltenango). Solicitó que se deniegue la acción de inconstitucionalidad de ley general parcial planteada. B) El Ministerio Público manifestó que: i) en sentencias de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco y nueve de mayo de dos mil dieciocho, proferidas dentro de los expedientes 199-95 y 5533-2016, respectivamente, la Corte de Constitucionalidad trató lo concerniente a la tenencia comunal de la tierra de los pueblos indígenas, regulada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, haciendo énfasis en la responsabilidad de los Estados de respetar la especial importancia que para las culturas revista su relación las tierras o territorios, así como el hecho de reconocer a los pueblos interesados, el derecho de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado, sin que los registros municipales obligatorios constituyan una afrenta para el ejercicio de tales derechos; ii) dadas las aristas particulares del caso, le asiste la razón a la entidad accionante, en virtud que la disposición denunciada contraviene el artículo 39 de la Constitución Política de la República, al pretender afectar el derecho de propiedad privada que asiste al pueblo maya K'iche del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, por medio de la Municipalidad Indígena de esta misma localidad, en particular sobre la finca inscrita en el Segundo Registro de la propiedad, bajo el número cuatro mil doscientos veintiuno folio doscientos dieciséis del libro veinticuatro de Quiché; iii) como titular del derecho, es la comunidad indígena, a través de su representante legal, quien está facultada para disponer la forma de administración, tenencia y posesión del referido bien inmueble; derecho que ostenta por reconocimiento constitucional para ser considerada como la legitima propietaria de la finca descrita, en especial, por el componente tradicional e histórico que vincula a tal propiedad con la población indígena; iv) no es viable que la Municipalidad de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, se arrogue la propiedad ni derecho alguno sobre la finca en cuestión, en virtud que dicho bien inmueble es indivisible y goza de una protección constitucional especial; v) a través de la norma cuestionada, se pretenden crear procedimientos administrativos e imponer requisitos legales sobre la adjudicación de bienes inmuebles que estén en posesión de particulares o entidades públicas o privadas y que formen parte de la finca detallada, sin tomar en consideración que existe una clara diferencia entre la propiedad común y la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas, desconociendo a la vez, el derecho a la propiedad colectiva que asiste a las comunidades indígenas del Municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché; vi) al promulgar el enunciado reprochado, no se consideró que si bien se inscribió el bien inmueble relacionado, fue con el único efecto del reconocimiento formal de su propiedad, más no trasladar la titularidad del mismo al Estado de Guatemala, pues la comunidad indígena mantuvo la forma de administración y tenencia de la finca, tal y como lo refleja la inscripción registral; vii) la norma denunciada transgrede el contenido de los artículos 67 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -desarrollados jurisprudencialmente por la Corte de Constitucionalidad y Corte Interamericana de Derechos Humanos-, al no cumplir con la obligación constitucional que tiene el Estado de Guatemala de garantizar la protección especial de las tierras indígenas al pretender la Municipalidad del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, arrogarse la administración de una propiedad que no le pertenece, la cual ha sido ordenada de manera especial por la municipalidad indígena del citado municipio; viii) se viola, además, el principio de legalidad, toda vez que el enunciado normativo cuestionado tergiversa el ejercicio del derecho de propiedad privada previsto constitucional e internacionalmente, pues se ha sostenido que el Estado es el responsable de adoptar las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias para asegurar a las poblaciones indígenas el pleno goce de sus derechos colectivos; ix) la función pública debe realizarse al tenor del marco normativo, pues todo acto o comportamiento de la administración debe estar sustentado en una potestad conferida por el ordenamiento jurídico vigente, y x) en síntesis, concluyó que "...la disposición impugnada está produciendo afectación de los derechos colectivos que les pertenecen a los pueblos indígenas y que el Estado está obligado a garantizar, al establecer parámetros contrarios al contenido que desarrolla y mantiene en vigencia la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese sentido se advierte una transgresión a los artículos 39, 67 y 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala del artículo 1 del reglamento impugnado, en virtud de que la norma denunciada en su contenido altera la forma de vida de los pueblos indígenas lo cual es contrario al espíritu de territorios comunales...". Solicitó que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general.

V. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

A) La interponente ratificó los argumentos fundantes del planteamiento de la inconstitucionalidad de ley general parcial promovida contra el artículo 1 del Reglamento de Adjudicación de Bienes Inmuebles No Municipales del municipio de Santo Tomás Chichicastenango. departamento de Quiché, por violación a los artículos 39, 67 y 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Además, refutó los alegatos que expuso el Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché. en los siguientes términos: i) si bien refirió que no se llevó a cabo la labor de parificación, tampoco expuso cómo, a su criterio, debió hacerse o sustentarse el planteamiento de la garantía de mérito; ii) su argumentación adolece de fundamentación legal y jurisprudencial; iii) al indicar que únicamente se formularon argumentos tácticos, está reconociendo que existió una violación a la Constitución Política de la República y pretende inducir a confusión, entrando en contradicción con sus alegatos; iv) es evidente su desconocimiento sobre los derechos contenidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala; v) lo expresado constituye un acto discriminatorio, al pretender calificar y minimizar su autoridad y función como municipalidad indígena; vi) previo a la emisión del reglamento en cuestión debió cumplir con lo que prevé el artículo 109 del Código Municipal, relativo a la consulta a las autoridades comunitarias, y vii) no argumentó ni defendió con parámetros constitucionales la legalidad del artículo impugnado. B) El Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, reiteró sus alegatos, particularmente los concernientes a que el planteamiento de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial no cumple con los presupuestos procesales necesarios para su viabilidad. Además, enfatizó la falta de confrontación existente, la falta de cumplimiento del requisito del artículo 134, inciso d) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como la falta de idoneidad de la vía empelada para formular sus pretensiones, pues estas debieron ser discutidas y resueltas en la jurisdicción ordinaria. En ese contexto, replicó la justificación, necesidad y constitucionalidad de la normativa impugnada. Solicitó que se declare sin lugar la inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial interpuesta. C) El Ministerio Público replicó lo argumentado en su escrito de alegato. Solicitó que la acción constitucional planteada se declare con lugar y, como consecuencia, sea suprimido del ordenamiento jurídico del país la disposición denunciada.


CONSIDERANDO
-I-

La acción directa de inconstitucionalidad total o parcial de una ley, procede contra las disposiciones generales que contengan vicio de inconstitucionalidad. con el objeto de que la legislación se mantenga en los límites que fija la Constitución Política de la República de Guatemala, excluyendo del ordenamiento jurídico las que no concuerden con ella. En ese sentido, siendo que la función esencial de esta Corte, es la defensa del orden constitucional, debe, por medio del control abstracto de constitucionalidad de las normas, determinar si las leyes emitidas rebasan o no las limitaciones constitucionales y si estas se sujetan a su máxima jerarquía, confrontando unas con otras dentro del espíritu del régimen jurídico establecido.

Para el efecto, es necesario que se advierta con certeza y fundamentada convicción jurídica, su contradicción con las normas de suprema jerarquía, para cuyo efecto el solicitante debe expresar en forma concreta, razonable, individual y jurídicamente motivada, las razones en las que hace descansar la tacha de inconstitucionalidad de la norma, de tal forma que el tribunal pueda realizar el estudio comparativo entre las normas ordinarias objetadas y las disposiciones fundamentales que ellos consideran violadas, tergiversadas o restringidas, sin dirigir sus argumentaciones a cuestiones de orden fáctico, porque estas no son susceptibles de ser invocadas y conocidas por vía de esta garantía constitucional.


-II-

La Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, promueve acción de inconstitucionalidad de ley general parcial, objeta el artículo 1 del Reglamento de Adjudicación de Bienes Inmuebles No Municipales del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, contenido en el punto cuarto del Acta Municipal 15-2022 de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emitida el Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, publicado en el Diario Oficial el nueve de marzo de dos mil veintidós.

Estima, que la disposición normativa citada contraviene los artículos 39, 67 y 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala.


-III-
Síntesis de los argumentos de los sujetos intervinientes:

La Municipalidad interponente de la garantía constitucional de mérito señaló que el artículo 1 del Reglamento de Adjudicación de Bienes Inmuebles No Municipales del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché cuestionado, viola el derecho a la propiedad y los principios de sujeción a la ley y a la protección a las tierras indígenas, contenidos en los artículos 39, 67 y 152, respectivamente, de la Constitución Política de la República de Guatemala.

En cuanto a la violación al derecho a la propiedad, la interponente adujo que el Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, con la emisión de la disposición denunciada, pretende atribuirse y ejercer un derecho sobre propiedad que no le corresponde. Sostiene la accionante que la finca objeto de regulación es propiedad del pueblo maya K'iche que reside en el municipio relacionado, por lo que, al ser este el titular del mismo, la administración del bien inmueble corresponde a la Municipalidad Indígena, como representante legal de esta población.

Por otro lado, respecto a la violación de la protección especial que el Estado de Guatemala debe garantizar por mandato constitucional sobre las tierras indígenas, la solicitante argumenta que el artículo cuestionado establece parámetros que contrarían el espíritu y la regulación del texto fundamental, soslayando así, la responsabilidad que ostenta el Estado de respetar la importancia especial que, para las culturas, reviste su relación con las tierras y territorios, así como la de reconocer a estos pueblos indígenas los derechos de propiedad y posesión respecto de las tierras que tradicionalmente han ocupado. Enfatizó, además, que la limitación de las tierras indígenas, mediante registros municipales obligatorios, contraviene el desarrollo jurisprudencial que sobre estos temas -incluido, el del reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas- han trazado este Tribunal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, precisó que, si bien "el Común y Naturales del pueblo de Santo Tomás Chichicastenango" sometió el ordenamiento de su territorio a la autoridad estatal, fue con el único objeto de obtener el reconocimiento y la inscripción registral de las tierras que le pertenecen, más no trasladar el dominio de las mismas a las autoridades civiles. Por último, precisó que la existencia de dos municipalidades -una de orden civil y otra indígena- en el mismo territorio, no implica que exista contradicción entre estas, sino que deben colaborar mutuamente, en respeto de la cultura y tradiciones de los habitantes del territorio.

Finalmente, la interponente afirmó que la disposición impugnada transgrede el principio de legalidad previsto en el artículo 152 constitucional, porque el Concejo Municipal que dictó tal normativa, actuó en total desapego de la ley y vulneró el derecho de propiedad privada y la protección a la propiedad de las comunidades indígenas; máxime, al pretender regular un bien inmueble que no se encuentra bajo su dominio.

Seguidamente, el Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, contrario a lo expresado por la accionante, sostiene, en primer lugar, que los argumentos que esboza la interponente carecen de sustento jurídico, pues se limitó a exponer cuestiones tácticas que evidencian su interés respecto de determinados aspectos, más no permiten visualizar la labor de confrontación y parificación que requieren este tipo de planteamientos. En este orden de ideas, determina el Concejo aludido, que el asunto jurídico trasladado al estamento constitucional se contrae a la determinación de un supuesto derecho de propiedad y la administración de un bien inmueble. Ambas circunstancias, para la autoridad referida, constituyen objeto de juicios ordinarios, de manera que la vía idónea para solventar este tipo de controversias no es la jurisdicción constitucional, como pretende la accionante, pues es meritorio, por la naturaleza de las pretensiones, que se acrediten hechos y valoren elementos de convicción que respalden las proposiciones de fondo que exponen las partes, actividades intelectivas que son propias de los jueces ordinarios.

En segundo lugar, indica que el planteamiento de inconstitucionalidad adolece de la ausencia de dos presupuestos procesales, necesarios para este tipo de garantía constitucional. Por un lado, no se advierte la adecuada confrontación entre las normas constitucionales y la disposición denunciada, extremo que imposibilita al Tribunal a efectuar un análisis de fondo sobre la supuesta inconstitucionalidad. Por el otro, es evidente el incumplimiento del requisito contenido en el inciso d) del artículo 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en cuanto a la obligación de contar con el auxilio de tres abogados para la interposición la acción constitucional.

En tercer lugar, destaca que, en la finca, cuya regulación se dispuso, habitan no solo miembros de las comunidades indígenas, de manera que lo que busca, como autoridad electa democráticamente por todos los habitantes, es ordenar los procedimientos para que los vecinos de tal circunscripción territorial, regularicen la condición jurídica y registral de sus propiedades y, con ello, evitar arbitrariedades por falta de seguridad jurídica en menoscabo del derecho a la propiedad privada. Esta actuación, a su criterio, cumple y desarrolla lo previsto en los artículos 1°, 2° y 39 constitucionales, pues fomenta la seguridad jurídica y garantiza el derecho a la propiedad de los habitantes del municipio, como formas de alcanzar el bien común, por lo que el hecho que inicialmente la finca objeto de regulación se hubiese inscrito a nombre del pueblo del citado municipio, no es impedimento para una justa y ordenada distribución del derecho que les corresponde a cada uno de los pobladores, sobre todo, porque la población (en abstracto) no ostenta personalidad jurídica propia, sino que el derecho lo ejercita cada persona en lo individual.

Por último, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, en concordancia con lo expresado por la interponente, manifestó, de forma sintética, que la disposición impugnada afecta los derechos colectivos que les pertenecen a los pueblos indígenas y que el Estado está obligado a garantizar, al establecer parámetros contrarios al contenido que desarrolla y mantiene en vigencia la Constitución Política de la República de Guatemala. En este sentido, se advierte una transgresión a los artículos 39, 67 y 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud de que la norma denunciada altera la forma de vida de los pueblos indígenas lo cual es contrario al espíritu de territorios comunales.

En tal virtud, por razón de método, esta Corte procederá inicialmente a realizar el examen respecto al cumplimiento de los requisitos de viabilidad contenidos en el artículo 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a los que ha hecho alusión el Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché y, con posterioridad, analizará de ser el caso, las transgresiones a los artículos 39, 67 y 152 constitucionales denunciadas por la accionante, con el objeto de establecer la viabilidad de su pretensión.


-IV-

Cumplimiento del requisito del inciso d) del artículo 134 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad

El artículo 267 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que "las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad", enunciado normativo que se replica en el artículo 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Como el resto de garantías constitucionales previstas en el ordenamiento jurídico guatemalteco, el planteamiento y trámite de la inconstitucionalidad general están supeditados al cumplimiento de determinados requisitos de viabilidad, entre los que se encuentra, la legitimación activa. Dentro de este contexto, el artículo 134 de la Ley de la materia, regula que "tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general (...) d) cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos. ".

Definido lo anterior, es menester traer a colación lo argumentado por el Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, al evacuar las audiencias que le fueron conferidas, en lo atinente a la "falta de cumplimiento del requisito del artículo 134 literal d) de la Ley de Amparo (sic)". Al respecto, el Concejo citado precisó que "...en este caso, aparece que uno de los auxiliantes, el abogado Amilcar de Jesús Pop Ac, ostenta un cargo público que le impide auxiliar la acción, con lo que no debe proseguir su trámite, pues en su cargo como Diputado, carece de la posibilidad de auxiliar la acción.".

En términos de lo anterior, este Tribunal estima meritorio acotar que el artículo 199, inciso e) de la Ley del Organismo Judicial, regula que "no podrán actuar como abogados: (...) e) Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo y Legislativo; con excepción de los que ejercen docencia o desempeñen cualquier cargo que no sea de tiempo completo. Los Diputados al Congreso de la República, no están comprendidos en esta prohibición..." (la negrilla es propia). Adicionalmente, el artículo 4 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano refiere que "los diputados ante el Parlamento Centroamericano, están inhabilitados, mientras dure su mandato, para ser funcionarios de organismos internacionales. Las demás incompatibilidades serán las mismas que establezcan las respectivas legislaciones nacionales para el cargo de Diputado."(La negrilla no forma parte del texto original).

De esta cuenta, una intelección adecuada de las disposiciones normativas citadas permite concluir que, contrario a lo manifestado por el Concejo Municipal multicitado, los diputados ante el Parlamento Centroamericano electos por el Estado de Guatemala -en iguales condiciones a los diputados ante el Congreso de la República- no se encuentran inhabilitados para ejercer la profesión de abogado, de conformidad con la ley nacional, por lo que, si bien el Concejo Municipal precitado no señaló el cargo público desempeñado por el abogado Amilcar de Jesús Pop Ac que le impide auxiliar la acción, es de conocimiento público, a través del sitio institucional del Parlamento Centroamericano, que el abogado mencionado se desempeña como Diputado electo por la República de Guatemala, en ese órgano, para el período comprendido del dos mil veinte al dos mil veinticuatro. En este sentido, se desvanece la postura asumida por el Concejo Municipal relacionado, pues la situación jurídica del abogado auxiliante no constituye impedimento ni causal de inhabilitación para el ejercicio profesional, de conformidad con la legislación guatemalteca, de modo que el planteamiento de inconstitucionalidad de ley general parcial interpuesto, sí cumple con el requisito previsto en el artículo 134 inciso d) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.


-V-

Análisis sobre la viabilidad del examen de constitucionalidad en relación con
la debida parificación

Superado el análisis sobre la exigencia legales de la inconstitucionalidad de ley general parcial objeto de estudio, señalada; procede ahora, examinar si el planteamiento cumple con los requisitos contemplados en la Ley de la materia y en la doctrina legal de este Tribunal, que hagan viable el estudio de fondo de tal solicitud.

En este orden, es pertinente resaltar que el planteamiento de inconstitucionalidad abstracta regulado en el artículo 267 de la Constitución Política de la República de Guatemala implica, necesariamente, el enjuiciamiento de la normativa impugnada con el objeto de determinar su conformidad o en su caso, disconformidad con la normativa suprema. Por lo que, la solicitud de este tipo de garantías debe observar una serie de presupuestos fundamentales, que permitan al Tribunal constitucional efectuar el análisis de fondo correspondiente, a efecto de establecer si el texto supremo es contrariado por una norma de inferior jerarquía. Estos aspectos son: a) la invocación precisa de la norma jurídica de la que se acusa transgresión constitucional, la cual debe gozar de generalidad y vigencia; b) la cita del precepto constitucional que se estima violado, y c) la tesis del interponente, lo cual implica la exposición de razonamientos suficientes, que permitan al Tribunal evidenciar la colisión existente entre la ley ordinaria y las constitucionales que se denuncian como vulneradas, esta argumentación no debe ser de orden fáctico o sustentada en elementos probatorios, dado el carácter abstracto de la acción de enjuiciamiento normativo.

Vale decir que, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia ha manifestado: "...el principio de imparcialidad de la jurisdicción constitucional y los serios efectos jurídicos inherentes a la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes (lato sensu) que se objetiviza en la determinación de su vigencia y examen de vicio para declarar su eventual exclusión del ordenamiento jurídico nacional, han servido de punto de partida para que esta Corte, con apoyo en lo preceptuado en el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, exija que la accionante realice en su planteamiento un análisis concreto, individual y comparativo entre la norma impugnada y la de naturaleza constitucional que se estima violada, de modo tal que el tribunal quede adecuadamente posibilitado para hacer el análisis de constitucionalidad que le compete. El planteamiento de la acción de inconstitucionalidad requiere la indispensable congruencia entre lo expuesto y pedido, la identificación correcta de la ley, reglamento o disposición de observancia general que se cuestione y el análisis comparativo entre cada uno de los artículos objetados en contraposición con las normas constitucionales que se estimen violadas. En ausencia de tales condiciones el examen es inviable, por cuanto el tribunal constitucional no puede subrogar la voluntad de la impugnante..." (la negrilla es propia). [Este criterio ha sido sostenido, entre otras, en las sentencias de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, dos de abril de dos mil diecinueve y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictadas dentro de los expedientes 1944-2015, 4267-2018 y acumulados 3028-2021, 3131-2021 y 4349-2021, respectivamente].

Es importante agregar que los requisitos recién aludidos son complementados por lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, que contiene las Disposiciones Reglamentarias y Complementarias a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que dispone: "Solicitud inicial de inconstitucionalidad general. Toda solicitud de inconstitucionalidad general deberá contener, dividido en apartados, los siguientes requisitos: (...) f) Fundamento jurídico que invoca el solicitante como base de la inconstitucionalidad, en el que deberá expresar, en capitulo especial, en forma separada, razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la denuncia." (La negrilla no forma parte del texto original.).

En cuanto a los límites impuestos por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el artículo 135 exige que en el planteamiento de una acción que pretenda la expulsión del ordenamiento jurídico de determinadas normas imperantes en el país, la parte interesada cumpla con la condición de expresar en forma razonada y clara, los motivos jurídicos en que descansa la impugnación; en el sistema jurídico guatemalteco se permite la acción popular en este tipo de procesos y el postulante no necesita acreditar interés propio en el asunto, ni tampoco lo sujeta a plazo, solamente requiere el auxilio de por lo menos tres abogados, lo cual tiene relación con la obligación del razonamiento jurídico. Al respecto esta Corte indicó en este tipo de procesos constitucionales que: "... En este último evento, al abrirse un proceso por el cual se discuta la compatibilidad constitucional, correspondería al inconforme o impugnante de una ley o disposición de carácter general aportar el material argumental suficiente para demoler la presunción de legitimidad que acompaña al cuerpo normativo. Por esta circunstancia, dada la trascendencia del pronunciamiento jurisdiccional sobre la ruptura de tal legitimidad, el juez que resuelve tiene que estar revestido de la necesaria imparcialidad (es decir, que no debe convertirse en parte) y de la adecuada objetividad (debe balancear argumentos sólidos y serios que se aporten para discusión del cuestionamiento). Esto explica la exigencia legal de que el planteamiento de la inconstitucionalidad esté revestida de suficiente consistencia técnico jurídica que sirva de base para el análisis del caso, tanto por la indicada trascendencia de la decisión (que en los juicios de inconstitucionalidad conlleva efectos erga omnes, y no sólo para los sujetos procesales) como porque, además, su declaratoria destruye el proceso legislativo realizado por la representatividad de la mayoría democrática..." (El resaltado es propio). [Sentencias de once de junio de dos mil ocho y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictadas dentro de los expedientes 1716-2007 y acumulados 3028-2021, 3131-2021 y 4349-2021, respectivamente].

Cabe agregar que las argumentaciones que compete al Tribunal Constitucional conocer no deben ser de carácter fáctico, pues este tipo de argumentos no tiene cabida, acorde con la naturaleza abstracta de la acción de inconstitucionalidad de carácter general. [Ver entre otras, las sentencias de dos de julio de dos mil trece, diecinueve de junio de dos mil trece y veintitrés de mayo de dos mil catorce, dictadas en los expedientes 5141-2012, 253-2013 y 1191-2013, respectivamente].

En conclusión, como se indicó anteriormente, es obligatorio que el enjuiciamiento de inconstitucionalidad deba hacerse, como lo dispone la ley reguladora, de manera "razonada y clara", requisito indispensable que debe cumplirse haciendo la comparación puntual entre la norma señalada de vulneración con aquella o aquellas de la Constitución que la parte postulante ha señalado como vulneradas. La omisión, en cuanto a precisar el razonamiento con cita de las correspondientes premisas, produce la imposibilidad de concatenarlas para decidir -con base en el criterio valorativo del tribunal- sobre la materia planteada. Por esa exigencia legal y, además, lógica, de citar puntualmente las normas señaladas de inconstitucionalidad, es de rigor que en la práctica forense se ataquen las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general en sus diferentes fragmentos, bien sea artículos, párrafos o incisos de artículos, o inclusive solo oraciones, frases u otras dicciones, el argumento no puede referirse, como se ha hecho mención a cuestiones fácticas o susceptibles de ser demostradas por elementos probatorios presentados por las partes, pues ello iría en contra de la naturaleza de la acción en su condición de abstracta. Precisamente en cuanto a la imposibilidad de introducir elementos probatorios que necesariamente el Tribunal deba valorar para asumir su decisión, esta Corte en la sentencia dictada en el expediente 1473-2019 de veintiuno de enero de dos mil veinte, determinó: "Efectivamente, toda condición que tienda a afectar situaciones particulares no tendría cabida si se hace valer por la vía de la inconstitucionalidad abstracta, dado que contravendría su naturaleza y delimitación normativa, aspecto que se ratifica al no preverse dentro de su tramitación un periodo probatorio a través del cual se puedan hacer valer... Tales señalamientos no

establecen en términos abstractos la manera en la que los supuestos normativos contemplados en la disposición objetada contravienen el contenido de los artículos 12, 44 y 46 de la Constitución, sino hacen referencia a aspectos que eventualmente podrían derivar en la aplicación de la regla jurídica que se estima contraria al cuerpo normativo supremo, es decir, a condiciones que en cada caso particular le corresponde alegar al que se considere afectado en los referidos derechos, por medio de los recursos o procedimientos de naturaleza ordinaria y si fuere el caso por vía constitucional distinta del planteamiento abstracto de inconstitucionalidad, pues los reproches hacia la norma que se estima inconstitucional se dirigen a condiciones que requieren elementos probatorios para su determinación y que en todo caso resultan ajenos al trámite y decisión que corresponde emitir mediante el planteamiento de la inconstitucionalidad de carácter general". [Este criterio también aparece reiterado en la sentencia dictada en el expediente 6075-2018 de trece de marzo de dos mil diecinueve].

Esta exigencia de precisión para el examen comparativo es la que -en terminología de esta Corte- se ha designado como análisis factorial, pues resulta obligado que el estudio se haga con el suficiente rigor lógico que justifique, en su oportunidad, que un juicio de constitucionalidad derive hacia el abatimiento de la presunción de legitimidad normativa. De esa manera se hace efectivo el valor de seguridad jurídica, que es sustento de todo régimen constitucional, y que se encuentra reconocido y preceptuado en el artículo 2º. de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Así las cosas, esta Corte ha sostenido que en el planteamiento de este mecanismo de control constitucional de las leyes se requiere que el solicitante señale tanto la ley (norma) o partes de la misma que estime violatorias, los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala en los que encuentran contenidos los preceptos que aduce infringidos y, necesariamente, la argumentación clara, pertinente y suficiente, es decir, un adecuado fundamento jurídico que revele analíticamente y de forma individualizada y separada la colisión aludida frente a las disposiciones constitucionales señaladas.

Con base en lo anterior, la obligación de que el planteamiento contenga un verdadero análisis jurídico tendiente a evidenciar la supuesta confrontación mencionada y no, únicamente, señalar aspectos tácticos y posibles efectos derivados de la aplicación del precepto cuestionado, resulta ser un elemento necesario que debe ser proporcionado al Tribunal Constitucional para que este examine la constitucionalidad de la norma y, eventualmente, disponer su expulsión del ordenamiento jurídico.

En este orden de ideas, esta Corte, al efectuar el análisis del escrito contentivo del planteamiento de la inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, advierte que la solicitante funda su denuncia de colisión entre la norma impugnada y los artículos constitucionales citados, en cuestiones tácticas, susceptibles en todo caso de ser demostradas por medios probatorios -los que adjuntó y sobre los cuáles no corresponde a esta Corte sustentar su fallo-, que son impropios de la abstracción que conlleva la naturaleza de la inconstitucionalidad de carácter general, sin indicar en forma técnica razón jurídica alguna directa, que justifique en términos del contenido de la disposición reprochada, porqué contraviene los supuestos regulados en las normas constitucionales. Sus argumentaciones se refieren a situaciones de hecho, entre las que se cuentan las apreciaciones sobre a quién corresponde la administración del bien objeto de regulación, la disputa sobre el derecho de propiedad del inmueble y el acuse de exceso de funciones del emisor de la norma, aspectos que no responden a los supuestos de la normativa impugnada en relación a aquellos de previsión en el cuerpo normativo supremo y que además representan apreciaciones susceptibles de demostrarse a través de otros medios y vías previstas por el orden jurídico de Guatemala. Esta afirmación atiende a que la interponente no cumplió con los requisitos traídos a colación, porque la presunta confrontación que expone, se sustenta en cuestiones generales relacionadas a aspectos tácticos y particulares, que no cuestionan el contenido material de la normativa impugnada, sino que debaten actuaciones propias del Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché que, a su juicio, la titularidad de la finca corresponde al pueblo Maya K'iche que reside en el municipio de Santo Tomás Chichicastenango y que por tal motivo existe un exceso en las atribuciones del órgano emisor de la normativa, por lo que emitió disposiciones que atentan contra el derecho de propiedad de las comunidades indígenas y trasgrede la protección especial que, constitucionalmente, se encuentra reconocida a favor de las tierras indígenas, arrogándose funciones y competencias que no le corresponden. Estos razonamientos no determinan la forma en la que el contenido de la regla infraconstitucional reprochada, trasgrede las normas de índole constitucional que invocó como infringidas.

Del análisis de tales aseveraciones se advierte que las mismas constituyen enunciados que, en sí mismos son tácticos y requieren de la existencia de medios de comprobación que no se pueden dilucidar en la acción de inconstitucionalidad general, lo que a su vez implica que no conllevan la parificación necesaria entre la norma impugnada y las constitucionales que estima vulneradas, por lo que es evidente que no realizó en abstracto, el planteamiento correspondiente que permita analizar las confrontaciones que denuncia.

Esta circunstancia -denunciar cuestiones de orden táctico, dependientes de elementos probatorios impropios de la naturaleza abstracta de la acción de inconstitucionalidad de carácter general-, impide que este Tribunal pueda acceder a analizar el fondo de la presunta vulneración a normas constitucionales que se formula.

Dicho sea de paso, con relación a la argumentación del Concejo Municipal de Santo Tomás Chichicastenango. departamento de Quiché, en cuanto a la vía que debe seguirse para el reclamo que formuló la accionante; cabe acotar que este Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia (aunque mediante una garantía constitucional distinta, en este caso, el amparo), que la vía para discutir conflictos sobre la titularidad de la posesión y de la propiedad de tierras comunales es la ordinaria; además que con ello, no dejan en estado de indefensión a las comunidades indígenas, ya que, si estas tienen como intención dilucidar la titularidad de un bien inmueble, que según refieren, les pertenece, deben avocarse a deducir su pretensión ante los tribunales ordinarios de la República, y no directamente ante la justicia constitucional.

Lo anterior, según lo ha apreciado el Tribunal Constitucional, no implica que dichos órganos judiciales resolverán con criterios civilistas o restrictivos, pues no están eximidos de realizar el estudio del asunto con base en estándares internacionales en materia de derechos humanos -pues tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad interno, siempre que sea procedente-. Además, se ha afirmado en aquella doctrina legal, que tampoco se está vedando la posibilidad de acudir a la justicia constitucional, ya que, luego de agotadas las instancias del proceso de mérito y en caso de existir vulneración a sus derechos fundamentales, es posible acudir a esta vía a efecto de que se determine si el órgano judicial encargado de la substanciación del proceso cometió yerro alguno que haya implicado vulneración material en la esfera jurídica de la amparista que, en todo caso, deberá ser reparada por las vías correspondientes. [En similar sentido, las sentencias de trece de mayo, dieciocho de agosto y catorce de septiembre, todas de dos mil veintiuno, dictadas dentro de los expedientes 4510-2019, 6819-2021 y 4506-2020, respectivamente]. Con la posición asumida, este Tribunal ratifica su función esencial de defender el orden constitucional, sin desatender la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad de carácter general, al advertir que el planteamiento de la inconstitucionalidad de ley carece de los presupuestos necesarios para su conocimiento, por lo considerado con antelación; pues los planteamientos respectivos cuentan con una vía distinta a través de la cual corresponde dilucidar el conflicto que se aduce acaecido. Por las razones expuestas, el planteamiento de inconstitucionalidad debe ser desestimado y, como consecuencia, es procedente revocar la suspensión provisional de la disposición impugnada, decretada por esta Corte en auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés.


- VI -
Condena en costas e imposición de multa

Conforme lo establecido en el articulo 148 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, "cuando la inconstitucionalidad se declare sin lugar, el tribunal de primer grado y la Corte de Constitucionalidad, en su caso, impondrá a cada uno de los abogados auxiliantes una multa de cien a mil quetzales, sin perjuicio de la condena en costas al interponente...".

En el presente caso, no se condena en costas a la accionante por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero si se impone multa a los profesionales auxiliantes por ser de imperativo legal.


LEYES APLICABLES

Artículos citados, 267, 272, inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 133, 134, 135, 137, 139, 142, 143, 148, 150, 163, inciso a), 179 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 Bis del Acuerdo 3-89, y 29, 39, 72 y 73 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad.


POR TANTO

 
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