DECRETO NÚMERO 31-2012

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y su fin supremo es la realización del bien común; asimismo, constituye deber esencial del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

CONSIDERANDO:

Que las diversas formas de corrupción manifestadas en el accionar de los funcionarios y empleados públicos constituyen uno de los elementos fundamentales que impiden la materialización de estos principios constitucionales.

CONSIDERANDO:

Que el correcto funcionamiento de la función pública contribuye al desarrollo económico, social y cultural del Estado de Guatemala, así como a la credibilidad y legitimidad del mismo.

CONSIDERANDO:

Que para contribuir a la realización de los fines del Estado de Guatemala, se hace necesario adecuar nuestra legislación penal en materia de corrupción al contexto de falta de efectividad del Estado para perseguir dichos delitos.

POR TANTO:

Con base a las atribuciones que le asigna la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

La siguiente:

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN

Con las siguientes reformas al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República; a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República; y a la Ley de Extinción de Dominio, Decreto Número 55-2010 del Congreso de la República.