EXPEDIENTE 6003-2016/6004-2016

07 de Noviembre del 2019 0 Comentarios País de origen

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Sin Lugar La Inconstitucionalidad De Carácter General Total En Contra Del Decreto 32-2016 Del Congreso De La República, Ley De La Carrera Judicial.

EXPEDIENTES ACUMULADOS: 6003-2016 /
6004-2016 /6274-2016 / 6456-2016

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, doce de septiembre de dos mil diecinueve.

Se tienen a la vista para dictar sentencia, las acciones de inconstitucionalidad de carácter general promovidas por: A. Asociación de jueces y magistrados del Organismo Judicial, por medio de su Presidente, Mario Alberto Taracena Coyado, e Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, por medio de su Presidente, Benicia Contreras Calderón, ambos con el auxilio de los Abogados Ovidio Ottoniel Orellana Marroquín, Nidia Lisseth Sánchez Aquino y Jorge Estuardo Arias Ramírez, contra: a) la totalidad del Decreto 32-2016 del Congreso de la República, Ley de la Carrera Judicial y b) Artículos 1, segundo párrafo, frase "así como otras situaciones del sistema de carrera judicial de los jueces o magistrados, cualquiera que sea su categoría"; 3, tercer párrafo, frase "y magistrados"; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 26; 31, literales d y e, numeral 1; 32, primero párrafo, frase "y magistrados"; literal f, frase "o magistrado evaluado" y penúltimo párrafo, frase "y magistrados"; 41, literales a, c, d, e, f, h, i, j, k, I, m, n, o, p y r; 42, literales b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, z, aa, bb, cc, dd, ee y ff; 47; 59, último párrafo; 62 y 67. B. Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Luis Mauricio Corado Campos, Dixon Díaz Mendoza, Alba Susana López Racanac y Zonia de la Paz Santizo Corleto, con el auxilio de los Abogados Ivethe Anayté García Vidaurre, Miriam Regina Brolo Salazar y Ana Patricia Nowell Fuentes, contra los Artículos 5, literal g, y sexto párrafo; 6, literales d, e, f, i, k, I y o, frase "Asimismo, deberá realizar el sorteo mediante el cual se definirá la presidencia de cada Sala"; 9, literal a, frase "La duración en el cargo de los miembros de las Juntas de Disciplina Judicial será por un período de cinco años, plazo que también regirá para la Presidencia y se decidirá por sorteo público, realizado por el Consejo de la Carrera Judicial"; 32, primer párrafo, frase "y magistrados", literal c, frase "o magistrado", literal f, frase "o magistrado", penúltimo párrafo, frase "y magistrados"; 41, literales c, I, p y r; 42, literales n, r, s, frase "Impedir u obstaculizar a las partes el libre ejercicio de sus derechos" aa, cc y dd, frase "Sostener reuniones privadas con una de las partes procesales"; 43, literales c y d; 47, numeral 1; 52; 64 y 71, literal a; todos de la Ley de la Carrera Judicial. C. Francisco Coloj Mazate, bajo su propio auxilio y el de los Abogados María Antonieta Morataya Díaz y Alex Morales Sahabria, contra los Artículos 5, literal a, frase "que no integren la misma"; 6, literales b, c y o; y 79; todos de la Ley de la Carrera Judicial. Con posterioridad a la presentación de los citados planteamientos, mediante el Decreto 17-2017 del Congreso de la República, este reformó los Artículos 5, 31 y 71, y derogó el Artículo 67, todos de la Ley de la Carrera Judicial; que se encuentran entre las disposiciones cuestionadas por los accionantes. Es ponente en este caso el Magistrado Vocal I, Bonerge Amilcar Mejía Orellana, quien expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A. Planteamientos de la Asociación de jueces y magistrados del Organismo Judicial e Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial

A.1 De la inconstitucionalidad total de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 205, literal a, constitucional:

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 205. Garantías del Organismo Judicial.

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

a) La independencia funcional..."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. En el Artículo 205, literal a, de la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra establecida como una de las garantías del Organismo Judicial la independencia funcional, la cual está orientada hacia el ejercicio de todo lo relacionado con el quehacer administrativo; es decir, aspectos tales como el ingreso, permanencia, promoción, traslados, evaluación, régimen disciplinario y formación de los jueces y magistrados, a fin de asegurar su dignidad, estabilidad, independencia, imparcialidad y excelencia profesional en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el contenido de la ley cuestionada viola esa garantía prevista a nivel constitucional, al trasladar esas atribuciones a un ente distinto del Organismo Judicial, que es el Consejo de la Carrera Judicial.

A.2 De la inconstitucionalidad parcial de los Artículos 1, segundo párrafo, frase "así como otras situaciones del sistema de carrera Judicial de los Jueces o magistrados, cualquiera que sea su categoría" y 26 de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 2º. constitucional:

Disposiciones cuestionadas

"Artículo 1. Objeto. (...)

La carrera judicial establece el sistema que regula el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, traslados, prestaciones, capacitación y formación profesional inicial y continua, evaluación del desempeño, régimen disciplinario y mecanismos de exclusión, así como otras situaciones del sistema de carrera judicial de los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría, con el fin de garantizar su dignidad, estabilidad, independencia, imparcialidad, responsabilidad y excelencia profesional en el ejercicio de su función jurisdiccional..."

[Parte conducente, con resaltado en la frase expresamente impugnada por los postulantes]

"Artículo 26. Traslados y permutas.

Los jueces y magistrados solo podrán ser trasladados por las causas siguientes:

a) Previa audiencia, por razones de servicio calificadas mediante resolución motivada del Consejo de la Carrera Judicial;

b) Por solicitarlo así el interesado y si a juicio del Consejo de la Carrera Judicial ha acumulado méritos en el ejercicio del cargo, tenga una causa justificada y el traslado no sea inconveniente para el servicio de la administración de justicia (...) Mediante la permuta los jueces y magistrados de igual categoría y salario pueden voluntariamente solicitar el intercambio de sus respectivos puestos al Consejo de la Carrera Judicial, el cual calificará la solicitud siempre que no afecte las necesidades del servicio y, mediante resolución motivada, decidirá sobre la permuta solicitada..."

[Partes conducentes, según alusión de los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 2. Deberes del Estado.

Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.". Argumentación expuesta por los accionantes

a. El principio de taxatividad demanda que las leyes en su descripción contengan términos precisos y no vagos como ocurre con el Artículo 1, en la frase indicada, en la cual no se especifican cuáles son las situaciones del sistema de carrera judicial a las que se alude; dando lugar a la discrecionalidad y menoscabando la certeza jurídica.

b. En el Artículo 26 se incurre en el mismo vicio, habida cuenta que no se establecen las razones de servicio que serán calificadas cuando la autoridad promueva el traslado y cuando el traslado es motivado por el juez o el magistrado, no se prevé en qué casos ello puede resultar inconveniente para el servicio. Además, carece de razonabilidad que en cuanto a los traslados propiciados por jueces o magistrados se dispongan condiciones incoherentes entre sí; se requieren causa justificada, acumulación de méritos y que el traslado no sea inconveniente, pero en la práctica si concurre la primera, las restantes dos no pueden presentarse.

A.3 De la inconstitucionalidad parcial de los Artículos 3, tercer párrafo, frase "y magistrados"; 6, literal d y literal i, frase "y magistrados"; y 32, primero párrafo, frase "y magistrados"; literal f, frase "o magistrado evaluado" y penúltimo párrafo, frase "y magistrados" de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 208, 215 y 216 constitucionales:

Disposiciones cuestionadas

"Artículo 3. Garantía de estabilidad. (...)

Los jueces y magistrados están obligados a procurar un rendimiento satisfactorio en el ejercicio de sus funciones, de manera que contribuyan a una pronta y eficaz administración de justicia."

[Parte conducente, con resaltado en la frase expresamente impugnada por los postulantes]

"Artículo 6. Atribuciones del Consejo.

Son atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial: (...)

d) Evaluar el desempeño de jueces, magistrados y demás integrantes de los órganos auxiliares de la carrera judicial (...)

i) Elaborar y remitir oportunamente a las comisiones de postulación, la nómina con los respectivos expedientes e informe de desempeño de jueces y magistrados para los efectos legales correspondientes..."

[Parte conducente, con resaltado en la frase expresamente impugnada por los postulantes]

"Artículo 32. Evaluación del desempeño y comportamiento profesional.

El Consejo de la Carrera Judicial, por medio de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional, mediante la aplicación de instrumentos y técnicas objetivamente diseñados, certificados y de conformidad con estándares nacionales e internacionales, acordes en cada área, evaluará el desempeño y comportamiento de los jueces y magistrados anualmente. El Consejo de la Carrera Judicial tomará en cuenta los siguientes aspectos: (...)

f) Evaluación interna y externa: comprende la calificación otorgada por los usuarios del servicio de administración de justicia, así como auxiliares del juez o magistrado evaluado. (...)

Para jueces y magistrados que integran el Consejo de la Carrera Judicial, la evaluación del desempeño que corresponde al período de ejercicio efectivo en la judicatura, será tenida en cuenta como evaluación del período completo, incluyendo el período de ejercicio en el Consejo de la Carrera Judicial..."

[Partes conducentes, con resaltado en las frases expresamente impugnadas por los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 208. Período de funciones de magistrados y jueces.

Los magistrados cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley."

"Artículo 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un período de cinco años, de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derechos o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.

La elección de candidatos requiere del voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán, entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al presidente de la misma, el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese período de la Corte." "Artículo 216. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de cuarenta años y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. Las disposiciones señaladas conculcan lo preceptuado en los Artículos 208, 215 y 216 constitucionales, porque todo lo relacionado al rendimiento satisfactorio y a los procesos de evaluación del desempeño únicamente es aplicable a los jueces de paz y de primera instancia, habida cuenta que a ellos concierne la carrera judicial. Los jueces de paz y de primera instancia son nombrados por la Corte Suprema de Justicia y la medición de su rendimiento incide en la decisión de que les renueve o no su nombramiento, o bien, en su caso, que puedan ascender; en cambio, los magistrados de la Corte de Apelaciones y de otros tribunales colegiados son elegidos por el Congreso de la República, por lo que no están obligados a procurar un rendimiento satisfactorio ni les son aplicables los procesos de evaluación, dado que ello no incide en su continuidad en el cargo.

b. La Corte de Constitucionalidad, en sentencia dictada en los expedientes acumulados 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003 acogió un planteamiento de inconstitucionalidad dirigido contra el Artículo 32, párrafo final, frase "y magistrados", de la antigua Ley de la Carrera Judicial (Decreto 41-99 del Congreso de la República) y, pese a ello, en el nuevo cuerpo normativo se introdujo exacta regulación, en los preceptos cuestionados.

A.4 De la inconstitucionalidad parcial de los Artículos 4 al 6 y 8 al 13 de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 205, literal a, y 136, literal b, constitucionales:

Disposiciones cuestionadas

"Artículo 4. Órgano responsable.

El órgano rector de la carrera judicial es el Consejo de la Carrera Judicial, el cual gozará de independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. El Consejo de la Carrera Judicial será de carácter permanente y en sus funciones podrá auxiliarse por la Junta de Disciplina Judicial, la Junta de Disciplina Judicial de Apelación, la Supervisión General de Tribunales, la Escuela de Estudios Judiciales y la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional. El Consejo de la Carrera Judicial podrá auxiliarse por otras unidades administrativas que estime convenientes (...)

[Partes conducentes, según alusión de los postulantes].

"Artículo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial.

La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo que se integrará de la siguiente manera:

a) Un representante titular y un suplente, electos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que no integren la misma;

b) Un magistrado titular y un suplente, electos por la Asamblea General de Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría;

c) Un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Primera Instancia;

d) Un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Paz;

e) Un titular y un suplente experto en administración pública;

f) Un titular y un suplente experto en recursos humanos;

g) Un titular y un suplente con Licenciatura en Psicología (...)

Los integrantes previstos en las literales e), f) y g), deberán contar con un mínimo de diez (10) años de experiencia profesional en instituciones del sistema de justicia del Estado, en funciones relacionadas a las del perfil requerido para el desarrollo de las funciones del Consejo de la Carrera Judicial. Serán seleccionados mediante un proceso de convocatoria pública, que establezca los requisitos y perfil del cargo respectivo, con base en criterios de publicidad y transparencia (...)

La presidencia del Consejo de la Carrera Judicial se definirá por sorteo público entre los integrantes previstos en las literales a), b), c) y d), y se ejercerá por dos años y medio, pudiendo ser electos nuevamente. En caso de falta temporal del que preside, lo hará el suplente que corresponda (...)

El Consejo de la Carrera Judicial deberá asesorarse de los órganos y unidades técnicas del Organismo Judicial para asegurar la incorporación del enfoque étnico y de género en todos los procesos relativos a la carrera judicial (...)

En las elecciones de los integrantes previstos en las literales a), b), c) y d) no se admitirán representaciones."

[Partes conducentes, según alusión de los postulantes, del texto original del Decreto 32-2016, vigente al ser planteada la acción de inconstitucionalidad]

"Artículo 6. Atribuciones del Consejo.

Son atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial:

a) Efectuar la convocatoria relacionada con los concursos de oposición para el ingreso a la carrera judicial y ascensos;

b) Convocar a concurso por oposición para elegir y con base a sus resultados, nombrar a: los integrantes titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina Judicial y de la Junta de Disciplina Judicial de Apelación; Director de la Escuela de Estudios Judiciales, Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial, Supervisor General de Tribunales y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional; así como los demás cargos de dirección de estas unidades, de acuerdo a su función. El reglamento de esta Ley regulará el procedimiento de concursos por oposición y requisitos para optar a estos cargos;

c) Remover a los integrantes titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina Judicial y de la Junta de Disciplina Judicial de Apelación; Director de la Escuela de Estudios Judiciales, Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial, Supervisor General de Tribunales y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional. Para tal efecto, se requiere el voto de cinco de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa y el debido proceso y conforme a una decisión debidamente fundamentada;

d) Evaluar el desempeño de jueces, magistrados y demás integrantes de los órganos auxiliares de la carrera judicial;

e) Aprobar las políticas y programas de la Escuela de Estudios Judiciales y revisarlas anualmente, de acuerdo con los fines y propósitos de esta Ley;

f) Aprobar en el mes de noviembre de cada año el programa de formación judicial y administrativa, a propuesta de la Escuela de Estudios Judiciales;

g) Emitir las disposiciones inherentes a su objeto y naturaleza;

h) Dar aviso al Congreso de la República, con al menos un año de anticipación del vencimiento del período constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, a fin de que convoque a las comisiones de postulación respectivas;

j) Dar aviso al Congreso de la República respecto de las vacantes definitivas que se produzcan en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, el aviso se dará dentro de un plazo de diez días de haberse producido la vacante definitiva;

k) Definir las políticas de la Escuela de Estudios Judiciales y revisarlas anualmente, de acuerdo con los fines y propósitos de esta Ley;

l) Aprobar o modificar en el mes de noviembre de cada año, el programa de formación judicial y administrativa, a propuesta de la Escuela de Estudios Judiciales;

m) Emitir los acuerdos y reglamentos inherentes a su objeto y naturaleza;

n) Realizar las entrevistas personales a los aspirantes a cargos de jueces de paz y primera instancia, auxiliándose del equipo multidisciplinario;

o) Con base en el listado de la Corte de Apelaciones electos por el Congreso de la República, integrar las Salas correspondientes, asignando a las mismas, a los magistrados más idóneos, de acuerdo a su especialidad y considerando su experiencia y méritos. Asimismo, deberá realizar el sorteo mediante el cual se definirá la presidencia de cada Sala; y,

p) Las demás que determine la ley."

"Artículo 8. Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial.

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial es el órgano técnico encargado de ejecutar las decisiones del Consejo de la Carrera Judicial y garantizar la efectividad de las mismas. También ejercerá las demás funciones que establezca el reglamento de esta Ley.

Esta Secretaría estará dirigida por un Secretario Ejecutivo que asiste el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias, el cual será seleccionado por el Consejo de la Carrera Judicial mediante concurso público por oposición y quien podrá ser removido por las causas establecidas en el artículo 7 de esta Ley."

"Artículo 9. Integración de los órganos disciplinarios.

Los órganos de disciplina estarán integrados de la siguiente manera:

a) Juntas de Disciplina Judicial:

Para favorecer la descentralización y facilitar el acceso a estos órganos, el Consejo de la Carrera Judicial, deberá integrar tantas juntas regionales como las necesidades y la conveniencia del servicio lo haga necesario, atendiendo a criterios de carácter geográfico, carga de trabajo, por materia u otros que resulten convenientes.

b) Junta de Disciplina Judicial de Apelación:

Para conocer en segunda instancia de las resoluciones definitivas emitidas por la Junta de Disciplina Judicial se integra la Junta de Disciplina Judicial de Apelación, como órgano colegiado de carácter permanente y administrativo, cuyos miembros actuarán con total independencia, imparcialidad y transparencia. Se integrará con tres titulares y tres suplentes, mediante el proceso de oposición correspondiente. La duración en el cargo de los miembros de la Junta de Disciplina Judicial de Apelación será por un período de cinco años, plazo que también regirá para la presidencia y se decidirá por sorteo público, realizado por el Consejo de la Carrera Judicial (...)

El reglamento de esta Ley desarrollará lo relativo al procedimiento y criterios para realizar los concursos de oposición para integrar las Juntas de Disciplina Judicial y la Junta de Disciplina Judicial de Apelación..."

[Partes conducentes, según alusión de los postulantes]

"Artículo 10. Atribuciones de las Juntas de Disciplina Judicial.

Las Juntas de Disciplina Judicial tienen las siguientes atribuciones: (...)

c) Llevar un registro estadístico público de faltas y sanciones y remitirlo de manera semestral al Consejo de la Carrera Judicial (...)

e) Remitir al Consejo de la Carrera Judicial, para el registro personal de cada juez y magistrado, las sanciones que les hayan sido impuestas, así como las recomendaciones de destitución."

[Partes conducentes, según alusión de los postulantes]

"Artículo 11. Supervisión General de Tribunales.

La Supervisión General de Tribunales estará a cargo de un Supervisor General y se integrará con personal técnico y especializado para realizar las funciones siguientes:

a) De prevención: tiene como objetivo identificar las necesidades del servicio tomando en cuenta aspectos socioculturales del lugar, así como determinar la existencia de indicios de hechos constitutivos de faltas, mediante la realización de visitas periódicas que deberán ser practicadas a todos los tribunales, de conformidad con una planificación anual aprobada por el Consejo de la Carrera Judicial (...)

Las necesidades que se identifiquen para la eficiente gestión del despacho judicial se pondrán en conocimiento del Consejo de la Carrera Judicial y de la Unidad de Evaluación del Desempeño (...)

El Consejo de la Carrera Judicial, para favorecer la descentralización y facilitar el trabajo de las Juntas de Disciplina regionales, deberá integrar tantas delegaciones de la Supervisión General de Tribunales como las necesidades y la conveniencia del servicio lo haga necesario, atendiendo a criterios de carácter geográfico, carga de trabajo, por materia u otros que resulten convenientes.

El Supervisor General de Tribunales será electo por oposición por el Consejo de la Carrera Judicial..."

[Partes conducentes, según alusión de los postulantes]

"Artículo 12. Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional. (...)

El Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño será electo por oposición por el Consejo de la Carrera Judicial...".

[Parte conducente, según alusión de los postulantes]

"Artículo 13. Escuela de Estudios Judiciales. (...)

El funcionario que esté a cargo de la dirección de la Escuela de Estudios Judiciales será electo por oposición por el Consejo de la Carrera Judicial (...)

Mediante concurso por oposición convocado por la Escuela de Estudios Judiciales, los jueces y magistrados podrán ser nombrados por el Consejo de la Carrera Judicial para apoyo como docente-investigador de tiempo completo en la Escuela de Estudios Judiciales, por períodos que no excedan de seis (6) meses, en cuyo caso su situación será de licencia."

[Partes conducentes, según alusión de los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 205. Garantías del Organismo Judicial.

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

a) La independencia funcional..."

Artículo 136. Deberes y derechos políticos.

Son derechos y deberes de los ciudadanos: (...)

b) Elegir y ser electo..."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. En el Artículo 205, literal a, de la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra establecida como una de las garantías del Organismo Judicial la independencia funcional, la cual está orientada hacia el ejercicio de todo lo relacionado con el quehacer administrativo; es decir, aspectos tales como el ingreso, permanencia, promoción, traslados, evaluación, régimen disciplinario y formación de los jueces y magistrados, a fin de asegurar su dignidad, estabilidad, independencia, imparcialidad y excelencia profesional en el ejercicio de sus funciones. Lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley cuestionada vulnera el principio descrito, habida cuenta que por su medio se le sustraen al Organismo Judicial las atribuciones e independencia que constitucionalmente le corresponden, para concedérselas al Consejo de la Carrera Judicial; inclusive, en los Artículos 5, 6 y del 8 al 13 se prevé que entidades propias del Organismo Judicial, como la Supervisión General de Tribunales y la Escuela de Estudios Judiciales, dependerán del referido Consejo, que no pertenece a ese poder del Estado.

b. No es dable que la Presidencia del Consejo de la Carrera Judicial sea decidida por sorteo, como lo preceptúa el Artículo 5, debido a que los parámetros para ello están constituidos por el cumplimiento de los requisitos previstos en la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley, así como la voluntad, por consenso o por mayoría, de los integrantes del mencionado Consejo.

c. La negativa a admitir representaciones para la elección de los jueces y magistrados que integran el Consejo de la Carrera Judicial contradice lo dispuesto en el Artículo 136, literal b, constitucional, en virtud que el incumplimiento del ejercicio regular de la función jurisdiccional conlleva responsabilidad disciplinaria y, por consiguiente, esa situación impide asistir a las asambleas destinadas a aquel fin.

d. La integración del Consejo de la Carrera Judicial no guarda congruencia con el principio de independencia funcional, en virtud que pese a que esa instancia no forma parte del Organismo Judicial, miembros de este último sí están llamados a integrar el mencionado Consejo; lo cual no es posible, porque los jueces y magistrados no pueden desempeñar otros cargos al margen de la judicatura o la magistratura que ejercen dentro del Organismo Judicial, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 207 de la Ley Fundamental.

e. En el citado Artículo 5 se prevé que el Consejo de la Carrera Judicial esté integrado, entre otros, por tres profesionales que no representan a sector alguno y no pertenecen al Organismo Judicial, pese a lo cual conocerán y resolverán asuntos vinculados a la carrera judicial, que es propia de ese poder estatal; esto también lesiona la independencia funcional.

f. En la misma disposición aludida en la literal precedente, se establece que el Consejo de la Carrera Judicial deberá asesorarse de los órganos y unidades técnicas del Organismo Judicial para asegurar el enfoque étnico y de género en los procesos de la carrera judicial; sin embargo, obligar al segundo de los entes mencionados a prestar tal asesoría, mediante ley ordinaria, atenta contra su independencia funcional, que se encuentra protegida a nivel constitucional.

A.5 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 6, literal m, frase "y reglamentos" de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 183, literal e, constitucional:

Disposición cuestionada

Artículo 6. Atribuciones del Consejo.

Son atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial: (...)

m) Emitir los acuerdos y reglamentos inherentes a su objeto y naturaleza..."

[Parte conducente, con resaltado en la frase expresamente impugnada por los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República.

Son funciones del Presidente de la República: (...)

e) Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes; dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu..."

Argumentación expuesta por los accionantes

En el precepto ordinario bajo referencia se establece que es atribución del Consejo de la Carrera Judicial, emitir las reglamentaciones inherentes a su objeto y naturaleza; empero, en el Artículo 183, literal e, de la Carta Magna se le confiere esa función al Presidente de la República, lo cual evidencia la existencia de vicio de inconstitucionalidad.

A.6 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 16 de la Ley de la Carrera Judicial, por contravención del Artículo 209 constitucional:

Disposición cuestionada

"Artículo 16. Reingreso.

Los jueces que hayan ingresado al Organismo Judicial por medio del sistema de carrera judicial, y que no hayan sido reelectos como magistrados, podrán ser nombrados como jueces, atendiendo a su especialidad y a su categoría anterior en la judicatura, en el marco de las convocatorias correspondientes y siempre que haya disponibilidad de plazas.

Para el efecto deberán cumplir con los requisitos siguientes:

a) No haber sido sancionados por falta grave o gravísima y haber aprobado satisfactoriamente las evaluaciones de desempeño profesional practicadas; y,

b) Someterse a los cursos de actualización a cargo de la Escuela de Estudios Judiciales, así como a las evaluaciones especiales que disponga practicar el Consejo de la Carrera Judicial previo a su nombramiento."

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar.

Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia."

Argumentación expuesta por los accionantes

En la aludida disposición legal se prevé que aquellos magistrados que ingresaron por el sistema de carrera judicial, pero no son reelectos, pueden ser nombrados como jueces; lo cual lesiona la regulación constitucional de ese sistema, porque este conlleva que los jueces puedan optar a otros puestos mejores atendiendo a la clasificación correspondiente, pero esto no puede operar en forma regresiva.

A.7 De la inconstitucionalidad parcial de los Artículos 31, literales d y e, numeral 1 de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 2º. y 4º. constitucionales:

Disposiciones cuestionadas

"Artículo 31. Situación de servicio.

Los jueces y magistrados pueden encontrarse en alguna de estas situaciones: (...)

d) Separación del cargo: La separación de la función jurisdiccional, con goce de salario, se produce en los casos en que se haya declarado con lugar el antejuicio contra jueces o magistrados, para garantizar el efectivo ejercicio de su derecho de defensa y la adecuada prestación del servicio.

e) Suspensión: La suspensión se produce en los siguientes casos:

1. Cuando se haya dictado auto de procesamiento en contra del juez o magistrado, con goce de salario..."

[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes, del texto original del Decreto 32-2016, vigente al ser planteada la acción de inconstitucionalidad]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 2º. Deberes del Estado.

Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona." "Artículo 4º. Libertad e igualdad.

En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. Los preceptos denunciados generan conculcación de la seguridad jurídica, porque no es válido que los jueces y magistrados sean doblemente afectados como consecuencia de la declaratoria de ha lugar a formación de causa de los antejuicios promovidos en su contra, en virtud que, por un lado, son separados del cargo solamente por la referida declaratoria y, posteriormente, serán suspendidos del ejercicio del cargo al dictarse auto de procesamiento, lo cual carece de sentido por cuanto que la separación ya se produjo desde el primer momento.

b. Lo expresado en la literal anterior significa, además, que se genera una situación de desigualdad de trato, porque en la Ley en Materia de Antejuicio está regulado que respecto del resto de funcionarios que gozan de ese derecho la separación y el cese del cargo, se producen únicamente si es dispuesta la prisión preventiva.

A.8 De la inconstitucionalidad parcial de los Artículos 41, literales a, c, d, e, f, h, i, j, k, I, m, n, o, p y r y 42, literales b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, z, aa, bb, cc, dd, ee y ff de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 2º. y 203 constitucionales:

Disposiciones cuestionadas

"Artículo 41. Faltas graves.

Son faltas graves:

a) Dar entrevistas a la prensa adelantando criterio u opinión sobre casos sometidos a su conocimiento; (...)

c) Faltar a la debida celeridad en el trámite de los procesos e incurrir en retrasos injustificados y descuidos en la tramitación de los procesos y/o diferir las resoluciones;

d) No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos requieran reserva o confidencialidad;

e) La falta de acatamiento de las disposiciones contenidas en reglamentos y acuerdos en materia jurisdiccional;

f) La falta de acatamiento de las normas éticas del Organismo Judicial; (...)

h) Proferir insultos o acudir a las vías de hecho en contra de usuarios, sujetos procesales, funcionarios y empleados judiciales y cualquier otra persona con la que el juez o magistrado tenga relación en el ámbito de sus funciones;

i) Causar intencionalmente daño a los bienes muebles o inmuebles del Organismo Judicial;

j) Usar ilegítimamente o permitir a otros el uso ilegítimo de bienes, herramientas, útiles, distintivos o placas de identificación del Organismo Judicial;

k) El incumplimiento o la inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia pública que estuvieren señalados;

l) Variar la forma del proceso y sus incidencias;

m) Hacer durante la jornada de trabajo o dentro de las oficinas del Organismo Judicial, actividades políticas partidistas o religiosas;

n) Delegar funciones inherentes a su cargo a sus subordinados;

o) Faltar a la verdad en la solicitud de obtención de cualquier tipo de permiso, traslado, autorización, dietas, viáticos y cualquier tipo de ayuda o beneficio económico;

p) La segunda falta leve sancionada que se cometa dentro de un mismo año, cuando la primera haya sido sancionada;

q) Promover o permitir que se realicen actividades que afecten la prestación del servicio durante el horario laboral, incluyendo aquellas con ánimo de lucro y mercantiles; y,

[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]

"Artículo 42. Faltas gravísimas.

Son faltas gravísimas: (...)

b) Desempeñar, simultáneamente a la función jurisdiccional, empleos o cargos públicos o privados remunerados y cualquier otro empleo, cargos de dirección y asesoría en instituciones políticas, sindicatos o entidades que reciban, administren o ejecuten recursos públicos o bienes del Estado o que sean parte de la administración del Estado, u otras entidades con fines políticos. Se exceptúa el ejercicio de la docencia siempre que esta no entre en conflicto de horario con la judicatura;

c) Ser ministro de cualquier religión o culto;

d) Ejercer las profesiones y actividades de Abogado y Notario o ser mandatarios judiciales;

e) Aceptar o desempeñar cargos de albaceas, depositarios judiciales, tutores, protutores o guardadores, salvo que se trate del cónyuge o conviviente, unido legalmente de hecho, o parientes dentro de los grados de ley;

f) Celebrar contratos de cualquier clase con las personas que ante ellos litiguen;

g) Ejercer como árbitro, liquidador o partidor;

h) Interferir en el ejercicio de funciones de los otros Organismos del Estado, sus agentes o representantes;

i) Permitir la interferencia a cualquier organismo, institución o persona que atente contra el Organismo Judicial;

j) Ocultar prohibición que le sea imputable para el ejercicio de la función o abstenerse de informar una causal sobrevenida;

k) Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública;

l) Intentar influir o influir ante otros jueces o magistrados, en los procesos que tramitan en el marco de sus respectivas competencias;

m) Aceptar influencias en los procesos que tramitan en el marco de sus competencias cuando estas provengan de jueces, magistrados o empleados del Organismo Judicial;

n) Interferir en el criterio de los jueces de grado inferior, en cuanto a la i interpretación o la aplicación de la ley en casos concretos, salvo cuando se conozca a través de los recursos legalmente establecidos;

o) Cometer cualquier acto de acoso o coacción, especialmente aquellos de índole sexual o laboral;

p) Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas en dinero o en especie, directa o indirectamente, en relación a cualquier procedimiento o en relación al ejercicio de su función;

q) Sustraer, destruir, alterar o extraviar evidencias o documentos oficiales;

r) Consentir o autorizar la utilización de medios ilegales para obtener pruebas o dar valor probatorio a medios de prueba manifiestamente ilegal;

s) Impedir u obstaculizar a las partes el libre ejercicio de sus derechos en cualquier procedimiento, o bien darles información errónea u ocultarles información cuando no se haya declarado la reserva de las actuaciones;

t) Revelar o proporcionar información confidencial que conozca con ocasión de su cargo, cuando se cause un perjuicio en la tramitación de un proceso o a cualquier persona;

u) Incumplir las normas sobre confidencialidad de los testigos, colaboradores, víctimas y sujetos procesales previstas en la Constitución Política y demás leyes de la República;

v) Portar de manera ostentosa armas de cualquier clase durante la jornada de trabajo, según las define el Código Penal;

w) Faltar a la verdad en un proceso de ingreso a la carrera judicial, evaluación de desempeño, o ascenso, señalando tener calidades, calificaciones académicas, experiencia profesional, condiciones o conocimientos que no se poseen. La circunstancia del ocultamiento o presentación de datos falsos no podrá ser saneada posteriormente por prescripción;

x) La conducta y trato discriminatorio, incluyendo el insultar o proferir frases discriminatorias, basado en motivos de raza, etnia, prácticas culturales, religión, género, sexo, edad, idioma o de otra índole en el ejercicio del cargo en contra del personal de la institución, partes procesales, sus abogados o público en general; (...)

z) Alterar indebidamente registros electrónicos o de cualquier tipo que se encuentren en los despachos judiciales, o tolerar que el personal a su cargo realice tal alteración;

aa) Otorgar medidas precautorias en casos en los cuales conforme a la ley deba inhibirse, cuando sea evidente su incompetencia;

bb) La segunda falta grave que se cometa en el plazo de un año, cuando la primera haya sido sancionada;

cc) Anticipar criterio con cualquiera de las partes procesales previo a emitir una resolución;

dd) Sostener reuniones privadas con una de las partes procesales o sus representantes, sin presencia de la otra parte o demás sujetos procesales que sean requeridos;

ee) El abuso de la condición de juez o magistrado para obtener un trato favorable e injustificado de cualquier naturaleza, por parte de profesionales, autoridades y funcionarios públicos; y,

ff) Omitir la denuncia de actos que pudieren ser constitutivos de falta cometidos por funcionarios y auxiliares judiciales."

[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 2º. Deberes del Estado.

Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona." "Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. En sentencias dictadas dentro de los expedientes 412-2011 y 395-2010, la Corte de Constitucionalidad estableció que las sanciones a las cuales hace referencia la Ley de la Carrera Judicial, son alusivas a actuaciones de carácter administrativo que no están vinculadas de forma directa con la actuación judicial, la cual, de conformidad con la Constitución, solo puede ser revisada por las instancias legales competentes.

b. Con lo dispuesto en el Artículo 41, literal a, se causa detrimento a la seguridad jurídica, porque adelantar criterio u opinión en asuntos de su conocimiento es motivo de excusa, impedimento o recusación para los jueces, según la Ley del Organismo Judicial; por tanto, no se trata de una falta administrativa, sino de una cuestión de orden jurisdiccional.

c. Los supuestos contenidos en el Artículo 41, literales c, d, e, k y I son constitutivos de actuaciones jurisdiccionales protegidas por el Artículo 203 de la Ley Fundamental, no constituyen faltas administrativas susceptibles de sanción disciplinaria. d. La situación prevista en el Artículo 41, literal r, también está incluida entre los supuestos establecidos en las normas de comportamiento ético del Organismo Judicial, por lo que genera detrimento en la seguridad jurídica que esa conducta pueda ser doblemente sancionada.

e. Los casos descritos en los Artículos 41, literales h, j y o y 42, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, z, aa, cc, dd, ee y ff representan infracciones penales y no faltas administrativas, debido a lo cual se produce duplicidad de sanciones por un solo acto.

f. El Artículo 41, literal i, alude a una infracción de índole civil, por lo que no puede ser catalogada como falta administrativa.

g. En el Artículo 41, literal m, y 42, literal c, no se aprecia que se estén sancionando hechos constitutivos de falta administrativa, sino más bien se sancionan actividades religiosas; en todo caso se trata de causas de incompatibilidad con el ejercicio de juez; esto provoca que, en adición a los preceptos constitucionales indicados en el encabezado de este apartado, se viole la libertad de culto protegida en el Artículo 36 constitucional.

h. El contenido de los Artículos 41, literal p, y 42, literal bb, es violatorio del principio de seguridad jurídica, porque no establece con precisión falta alguna, sino solamente una sanción.

i. En el Artículo 42, literales b, d, e, f y g no se regulan faltas administrativas, sino en realidad se trata de causas de incompatibilidad.

j. En el Artículo 42, literal cc, se alude a actuaciones jurisdiccionales y no a una falta de naturaleza administrativa, además de que ese mismo hecho puede dar lugar a excusa, impedimento o recusación.

k. Lo dispuesto en el Artículo 42, literal dd, provoca falta de seguridad jurídica, porque no se precisa dónde deben producirse las reuniones; si estas tuvieran lugar en la sede del tribunal, serían actuaciones jurisdiccionales y no administrativas; además de lo normado en los Artículos 2º. y 203 de la Carta Magna, se viola con ese precepto el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, porque se impide a los sujetos procesales conversar asuntos de su interés con los jueces y magistrados de forma independiente.

A.9 De la inconstitucionalidad parcial de los Artículos 47, 59, penúltimo párrafo, 62 y 67 de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 2º. y 203 constitucionales:

Disposiciones cuestionadas

"Artículo 47. Prescripción y extinción de la responsabilidad administrativa.

Las faltas establecidas en la presente Ley y las acciones que se puedan iniciar a raíz de las mismas, prescriben conforme a las siguientes reglas:

1. La acción disciplinaria prescribe en un (1) año para las faltas leves, en tres (3) años para las faltas graves y en cinco (5) años para las faltas muy graves. En todos los casos el plazo se computa para las faltas consumadas desde el día de su consumación, y para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último acto. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo procedimiento, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

2. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo procedimiento, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

3. La sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.

Constarán en los registros de los órganos disciplinarios del Organismo Judicial, las faltas que sean declaradas con lugar y sin lugar, sin perjuicio de los derechos laborales existentes."

"Artículo 59. Registro de la Junta de Disciplina Judicial y antecedentes. (...)

Las sanciones disciplinarias constituirán antecedente por un período de cinco años, a partir que cobre firmeza la resolución respectiva, salvo en el caso de destitución que deberán mantenerse por un plazo de diez (10) años..."

[Partes conducentes, según alusión de los postulantes]

"Artículo 62. Renuncia o destitución.

En el caso que el funcionario judicial denunciado renuncie al cargo que desempeña estando sujeto a un procedimiento disciplinario, este se continuará hasta establecerse la existencia o no de la responsabilidad disciplinaria. Quedando el denunciado obligado a comparecer, so pena de continuar el procedimiento en rebeldía."

"Artículo 67.

Se aplicarán como normas supletorias al procedimiento disciplinario, las disposiciones del Código Procesal Penal."

[Texto original del Decreto 32-2016, vigente al ser planteada la acción de inconstitucionalidad]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 2º. Deberes del Estado.

Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona."

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. En los Artículos 47 y 59 se establece que las faltas leves, graves y muy graves prescriben en uno, tres y cinco años, respectivamente, así como que las sanciones disciplinarias prescriben en cinco años. Esto redunda en vulneración de la seguridad jurídica y del desarrollo integral de la persona, porque esos plazos carecen de razonabilidad y proporcionalidad, en especial si se compara con el que corresponde a la prescripción de las faltas penales; no tiene sentido que estas últimas prescriban en menos tiempo que las faltas disciplinarias. Además, esa situación causa también lesión de la independencia judicial, debido a que los plazos tan extensos de prescripción de las faltas pueden derivar en que los jueces experimenten temor al decidir los asuntos a su cargo, por estar a merced de denuncias que, de producir un resultado desfavorable, les afectarían severamente.

b. Lo preceptuado en el Artículo 62 viola la seguridad jurídica, puesto que cuando un juez o un magistrado ya no se encuentra laborando o pertenezca al Organismo Judicial, no es dable que se continúe con el procedimiento disciplinario seguido en su contra.

c. Lo dispuesto en el Artículo 67 provoca falta de seguridad jurídica, en virtud de que la propia Ley de la Carrera Judicial prevé el procedimiento y los recursos que pueden agotarse en el ámbito disciplinario; mientras que las disposiciones del Código Procesal Penal están orientadas a procesos de esa naturaleza y no a faltas administrativas.

B. Planteamientos de Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Luis Mauricio Corado Campos, Dixon Díaz Mendoza, Alba Susana López Racanac y Zonia de la Paz Santizo Corleto

B.1 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 5º., literal g, de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 203 constitucional:

Disposición cuestionada

"Artículo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial.

La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo que se integrará de la manera siguiente: (...)

g) Un titular y un suplente con licenciatura en psicología..."

[Parte conducente, según especificación expresa de los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. Siendo la función del Consejo de la Carrera Judicial la supervisión del ejercicio de las atribuciones que corresponden a jueces y magistrados, la disposición en referencia es contraria a los propósitos de esa entidad, así como a la independencia judicial garantizada en el Artículo 203 constitucional. Esto porque no se aprecia congruencia entre las competencias del citado Consejo y las capacidades de un psicólogo, que es un profesional especializado en la salud mental, cuyo interés es estudiar y entender el comportamiento humano.

b. La Corte de Constitucionalidad ha sostenido que la Constitución Política de la República de Guatemala debe interpretarse como conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe interpretarse en forma acorde con las restantes; sin embargo, la inclusión de un psicólogo como integrante del Consejo de la Carrera Judicial no genera armonía, ni representa aporte alguno a la función jurisdiccional y la tutela judicial efectiva.

B.2 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 5º., cuarto párrafo, de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 205 constitucional:

Disposición cuestionada

"Artículo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial.

La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo que se integrará de la siguiente manera: (...)

[Parte conducente, según especificación expresa de los postulantes, del texto original del Decreto 32-2016, vigente al ser planteada la acción de inconstitucionalidad]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 205. Garantías del Organismo Judicial.

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

a) La independencia funcional;

b) La independencia económica;

c) La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley; y

d) La selección del personal."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. Atendiendo a la experiencia, méritos académicos y laborales de los magistrados, es a ellos a quienes corresponde ejercer la presidencia del Consejo de la Carrera Judicial; los jueces de primera instancia y de paz, si bien pueden integrar esa entidad, no deberían poder presidirla puesto que no reúnen las mismas condiciones.

b. Al disponerse que los jueces de primera instancia y de paz tengan la oportunidad de presidir el Consejo de la Carrera Judicial, por virtud de sorteo, se contraviene la intención de los constituyentes al establecer las garantías del Organismo Judicial; específicamente la de selección del personal, que debe ser observada análogamente para el Presidente del citado Consejo, en cuanto respecta a la idoneidad de la persona para optar a ese cargo, comprendiendo capacidad, experiencia y carrera.

c. Al ser el Consejo de la Carrera Judicial parte del Organismo Judicial, sus integrantes, al desempeñar sus funciones, deben tomar decisiones revestidas de objetividad e imparcialidad, que sin la experiencia necesaria no serían posibles.

d. En sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil trece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos asentó que "es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas..."

B.3 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 6º., literales d e i, de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 203 constitucional:

Disposiciones cuestionadas

Artículo 6. Atribuciones del Consejo.

Son atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial: (...)

d) Evaluar el desempeño de jueces, magistrados y demás integrantes de los órganos auxiliares de la carrera judicial; (...)

[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. En esos preceptos se establece que debe evaluarse el desempeño de los jueces, magistrados y demás integrantes de los órganos auxiliares de la carrera judicial, así como que, oportunamente, debe remitirse a las comisiones de postulación informes al respecto. Sin embargo, no se definen políticas, reglamentación o lineamientos sobre cómo se llevará a cabo la evaluación referida, de tal manera que se asegure la objetividad y la imparcialidad del Consejo de la Carrera Judicial en su realización; con lo cual se propicia que este incurra en arbitrariedades.

b. La ausencia de reglas en la evaluación puede provocar que, ante el temor de que su desempeño solamente sea considerado en términos cuantitativos, los jueces emitan sumas considerables de resoluciones que no sean debidamente motivadas ni conforme a Derecho, por no ser producto del análisis minucioso de los casos, sino de la presión psicológica de cumplir con determinado número de fallos; esto redunda en desmedro de la independencia judicial y de la tutela judicial efectiva de los administrados.

B.4 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 6º., literales e, f, k y I de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 205 constitucional:

Disposiciones cuestionadas

"Artículo 6. Atribuciones del Consejo.

Son atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial: (...)

e) Aprobar las políticas y programas de la Escuela de Estudios Judiciales y revisarlas anualmente, de acuerdo con los fines y propósitos de esta Ley;

f) Aprobar en el mes de noviembre de cada año el programa de formación judicial y administrativa, a propuesta de la Escuela de Estudios Judiciales; (...)

k) Definir las políticas de la Escuela de Estudios Judiciales y revisarlas anualmente, de acuerdo con los fines y propósitos de esta Ley;

l) Aprobar o modificar en el mes de noviembre de cada año, el programa de formación judicial y administrativa, a propuesta de la Escuela de Estudios Judiciales..."

[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 205. Garantías del Organismo Judicial.

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

a) La independencia funcional;

b) La independencia económica;

c) La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley; y

d) La selección del personal."

Argumentación expuesta por los accionantes

De la sola lectura de esos preceptos se establece que las atribuciones previstas en las literales e y f se repiten en las literales k y I, respectivamente; lo cual contradice el principio general de que las normas jurídicas deben contener presupuestos claros y precisos que generen seguridad jurídica y que conduzcan a la garantía de independencia funcional del Organismo Judicial contenida en el Artículo 205 constitucional.

B.5 De la inconstitucionalidad parcial de los Artículos 6º., literal o, y 9º., literal a, de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 205, literal d, constitucional:

Disposiciones cuestionadas

"Artículo 6. Atribuciones del Consejo.

Son atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial: (...)

[Parte conducente, según especificación expresa de los postulantes]

"Artículo 9. Integración de los órganos disciplinarios.

Los órganos de disciplina estarán integrados de la siguiente manera:

a) Juntas de Disciplina Judicial:

Para el conocimiento de las faltas cometidas por jueces y magistrados se integrarán las Juntas de Disciplina Judicial como órganos colegiados de carácter permanente y administrativo disciplinario, cuyos miembros actuarán con total independencia, imparcialidad y transparencia. Se integrará con tres titulares y tres suplentes, mediante el proceso de oposición correspondiente. La duración en el cargo de los miembros de las Juntas de Disciplina Judicial será por un período de cinco años, plazo que también regirá para la presidencia y se decidirá por sorteo público, realizado por el Consejo de la Carrera Judicial. Para ser miembro titular o suplente de las Juntas de Disciplina Judicial se requieren los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tendrán preferencia los candidatos con experiencia de al menos cinco años en la judicatura o magistratura..."

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 205. Garantías del Organismo Judicial.

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes: (...)

d) La selección del personal."

Argumentación expuesta por los accionantes

En las señaladas disposiciones se establece que las presidencias de las Salas de la Corte de Apelaciones y de las Juntas de Disciplina Judicial, respectivamente, serán definidas por sorteo, sin tomar en consideración la experiencia e idoneidad o criterios de desempeño y meritocracia. No obstante, constituye garantía de seguridad jurídica que las decisiones de los jueces estén revestidas de objetividad e imparcialidad y por esa razón se necesita que quien presida los referidos órganos colegiados sea el integrante con la mayor experiencia, a fin de orientar a los de reciente ingreso.

B.6 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 32, primer párrafo, frase "y magistrados", literal c, frase "o magistrado", literal f, frase "o magistrado", penúltimo párrafo, frase "y magistrados", de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 208 constitucional:

Disposiciones cuestionadas

"Artículo 32. Evaluación del desempeño y comportamiento profesional.

c) Calidad: se calificará la calidad y motivación de los autos y sentencias, así como las emitidas por el juez o magistrado en audiencias orales y públicas. Las sentencias objeto de evaluación deberán ser proporcionadas tanto por el evaluado como seleccionadas al azar por el órgano evaluador (...)

f) Evaluación interna y externa: comprende la calificación otorgada por los usuarios del servicio de administración de justicia, así como auxiliares del juez o magistrado evaluado (...)

[Partes conducentes, con resaltado en las frases expresamente impugnadas por postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 208. Período de funciones de magistrados y jueces.

Argumentación expuesta por los accionantes

a. El afán de los constituyentes por garantizar a los magistrados la estabilidad en el ejercicio de sus funciones deriva del modo en el cual son designados, después de un procedimiento en el que los postulantes para ese cargo fueron evaluados y sometidos al escrutinio de una Comisión, previo a ser nombrados por el Congreso de la República. Con los jueces no ocurre lo mismo, habida cuenta que pueden ser removidos en caso de no aprobar la evaluación del desempeño, por la Core Suprema de Justicia como autoridad nominadora.

c. Al no existir regulación reglamentaria de los procedimientos de evaluación, se corre el riesgo de que estos sigan siendo practicados por trabajadoras sociales, que carecen de conocimiento sobre la labor jurisdiccional, y por los sujetos procesales y el público, de quienes no puede esperarse objetividad en sus apreciaciones, que estarán más motivadas por intereses personales que por el bien de la administración de justicia.

B.7 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 41, literales l, p y r, de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 203 constitucional: Disposiciones cuestionadas

"Artículo 41. Faltas graves.

Son faltas graves: (...)

l) Variar la forma del proceso y sus incidencias; (...)

p) La segunda falta leve sancionada que se cometa dentro de un mismo año, cuando la primera haya sido sancionada; (...)

[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. En el caso Reverón Trujillo vs. Venezuela la Corte Interamericana de Derechos Humanos asentó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial. Precisó que el objetivo de la protección a los jueces radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. La tipificación de faltas graves prevista en los preceptos cuestionados se refiere a procederes que están ligados al quehacer judicial y, de esa cuenta, supone intromisión a la independencia judicial.

b. En la Observación general número treinta y dos del Comité de Derechos Humanos, se establece que los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia; de ahí que no pueda catalogarse como falta grave una circunstancia que está ligada al quehacer judicial y que escapa a su alcance, como lo es el cumplimiento de los plazos. De igual forma ocurre respecto de la prohibición de variación de los procesos y sus incidencias, en virtud que la ley faculta a los juzgadores, como parte de su quehacer judicial, disponer vías o formas procesales, según el caso, que permitan atender el principio de celeridad procesal, en beneficio de los propios sujetos procesales.

B.8 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 42, literal n, de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 12 y 203 constitucionales:

Disposición cuestionada

"Artículo 42. Faltas gravísimas.

Son faltas gravísimas: (...)

n) Interferir en el criterio de los jueces de grado inferior, en cuanto a la interpretación o la aplicación de la ley en casos concretos, salvo cuando se conozca a través de los recursos legalmente establecidos..."

[Parte conducente, según especificación expresa de los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 12. Derecho de defensa.

La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.

Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente."

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. No puede considerarse como falta gravísima la facultad que la Carta Magna confiere a los jueces y magistrados, en ejercicio de su independencia funcional, de aplicar el principio iura novit curia; impidiéndoles, con ello, corregir vulneraciones procedimentales que puedan apreciar en su labor intelectiva como revisores de las actuaciones judiciales, por vía de las impugnaciones previstas en las leyes. En respeto de la tutela judicial efectiva no se puede exigir a los órganos jurisdiccionales que hagan caso omiso de vulneraciones del debido proceso, aunque estas no hayan sido denunciadas por los sujetos procesales.

b. En el documento titulado "Principios y directrices relativos al derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica en África", se incluye la prohibición expresa de remover jueces aduciendo que su decisión fue revocada mediante la decisión de un órgano jurisdiccional superior, en apelación o revisión.

B.9 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 42, literales r, s, aa, cc y dd de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 203 constitucional:

Disposiciones cuestionadas

"Artículo 42. Faltas gravísimas.

Son faltas gravísimas: (...)

r) Consentir o autorizar la utilización de medios ilegales para obtener pruebas o dar valor probatorio a medios de prueba manifiestamente ilegal;

aa) Otorgar medidas precautorias en casos en los cuales conforme a la ley deba inhibirse, cuando sea evidente su incompetencia; (...)

cc) Anticipar criterio con cualquiera de las partes procesales previo a emitir una resolución;

dd) Sostener reuniones privadas con una de las partes procesales o sus representantes, sin presencia de la otra parte o demás sujetos procesales que sean requeridos..."

[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. En el Código Procesal Civil y Mercantil está preceptuado que los jueces pueden rechazar los medios de prueba cuando se advierta que son aportados con el ánimo de demorar el proceso o que sean prohibidos por la ley; de ahí que no es dable permitir que en el Artículo 42, literal r, se tipifique como falta grave un proceder que deriva de la propia independencia judicial. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha considerado, en casos de cese arbitrario de jueces, que, al no respetarse los requisitos básicos del debido proceso, se vulnera este en conjunción con el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas. El precepto referido incide en la función judicial de recibir y calificar las pruebas aportadas al proceso, sin cuya realización se incurre precisamente en violación del debido proceso.

b. En la literal s no se especifica de qué forma un juzgador podrá impedir y obstaculizar a las partes el libre ejercicio de sus derechos, dando lugar a apreciaciones subjetivas y facilitando a las partes un recurso legal para solicitar que los jueces sean separados de los casos; todo lo cual contraviene la independencia judicial.

c. Las medidas precautorias se dictan inaudita parte y, por ese motivo, impedir que los jueces puedan dictarlas a prevención, como se establece en la literal aa, además de interferir en su independencia, representa amenaza para los bienes que se pretenden resguardar a fin de asegurar las resultas del proceso.

d. Anticipar criterio o sostener reuniones privadas con los sujetos procesales pueden dar lugar a que las partes soliciten que los juzgadores se excusen o bien que los recusen, pero al enmarcarse tales acciones en su quehacer judicial no pueden tipificarse como faltas graves, como se preceptúa en las literales cc y dd.

B.10 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 43, literales c y d, de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 175, 203 y 208 constitucionales:

Disposición cuestionada

Artículo 43. Sanciones.

Para las faltas cometidas por los jueces y magistrados se establecen las siguientes sanciones: (...)

c) Suspensión desde veintiuno (21) hasta noventa (90) días calendario sin goce de salario, para faltas gravísimas; y,

d) Destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el Organismo Judicial, para faltas gravísimas."

[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 175. Jerarquía constitucional.

Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure.

Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad."

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

"Artículo 208. Período de funciones de magistrados y jueces.

Argumentación expuesta por los accionantes

a. En los preceptos señalados se regulan como sanciones para faltas gravísimas la suspensión de veintiún a noventa días calendario sin goce de salario y destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el Organismo Judicial, respectivamente. Al prever dos sanciones distintas para faltas de esa índole, se genera violación a la seguridad jurídica y a la independencia funcional. Al establecerse como sanción la destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el Organismo Judicial se contraviene lo preceptuado en los Artículos 208 y 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

B.11 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 47, numeral 1, de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 203 y 205 constitucionales:

Disposición cuestionada

"Artículo 47. Prescripción y extinción de la responsabilidad administrativa.

Las faltas establecidas en la presente Ley y las acciones que se puedan iniciar a raíz de las mismas, prescriben conforme a las siguientes reglas:

[Parte conducente, según especificación expresa de los postulantes]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

"Artículo 205. Garantías del Organismo Judicial.

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

a) La independencia funcional;

b) La independencia económica;

c) La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley; y

d) La selección del personal."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. Ese precepto establece los términos para la prescripción y la extinción de la responsabilidad administrativa en caso de faltas graves y muy graves y resulta inconstitucional por derivar de lo preceptuado en el Artículo 42 del mismo cuerpo legal, cuyos motivos de incompatibilidad con la Carta Magna ya fueron expuestos.

b. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que es necesario que se garantice la independencia de los jueces, en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento. Asimismo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha asentado que la independencia judicial supone que se cuente con adecuados procesos de nombramiento, una duración establecida en el cargo y con garantía contra presiones externas.

c. No es posible que se sitúe a los jueces en estado de indefensión solamente por ejercer las atribuciones que les corresponden de acuerdo a su alta investidura. Con este precepto se propicia que puedan emprenderse acciones contra los funcionarios judiciales con base en apreciaciones subjetivas utilizadas para calificar su proceder como falta grave o gravísima.

B.12 De la Inconstitucionalidad parcial del Artículo 52 de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 14, 203 y 208 constitucionales:

Disposición cuestionada

"Artículo 52. Suspensión provisional de labores.

Una vez que ha dado trámite a una queja, la Junta de Disciplina Judicial podrá, de oficio o a petición de parte, en casos graves que puedan perderse u ocultarse medios de prueba o afectarse sustancialmente los derechos de cualquiera de las partes, o en caso de incomparecencia injustificada, suspender de sus labores como juez o magistrado al denunciado, en tanto duren las investigaciones, hasta por un máximo de treinta (30) días, con goce de salario.

La resolución en que la Junta de Disciplina Judicial se pronuncie sobre la suspensión provisional será susceptible de recurso de revisión ante la Junta de Disciplina Judicial de Apelación, sin que este tenga efectos suspensivos del procedimiento disciplinario."

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso.

Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.

El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer, personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata."

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

"Artículo 208. Período de funciones de magistrados y jueces.

Los magistrados cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese periodo no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. Esta disposición representa vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia, porque sin dar oportunidad de que el juez o magistrado pueda ejercer su defensa, se le suspende de sus labores debido a una investigación en su contra, con lo cual se le condena anticipadamente, por efectuar acciones que forman parte del quehacer judicial; lo cual también redunda en violación del mandato de prestar auxilio a los tribunales, previsto en el Artículo 203 de la Constitución Política de la República.

b. La Corte de Constitucionalidad ha afirmado, dentro del expediente 261-93, que "la inamovilidad implica, en principio, estabilidad y la seguridad que debe tener un funcionario para no ser removido de su cargo sin la observancia de las formalidades y por las causas establecidas en la ley; ello para mantener la independencia de criterio e imparcialidad propias del cargo que desempeña..."; asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado, entre los principios básicos de la inamovilidad, que la ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos y que se garantizará la inamovilidad de los jueces hasta que cumplan la edad de la jubilación forzosa o expire el periodo para el cual hayan sido nombrados o elegidos; de esa cuenta, con esta norma se viola lo preceptuado en el Artículo 208 constitucional.

B.13 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 64 de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 12 constitucional:

Disposición cuestionada

"Artículo 64. Responsabilidad penal.

Si del procedimiento disciplinario resultaren indicios de responsabilidad penal, la Junta lo hará constar y certificará lo conducente al Ministerio Público."

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 12. Derecho de defensa.

Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente."

Argumentación expuesta por los accionantes

De acuerdo con el principio non bis in idem, está prohibido que un mismo hecho sea sancionado más de una vez; es decir, conlleva que no se imponga duplicidad de sanciones en casos que guarden identidad de sujeto, hechos y fundamento. El alcance de esa prohibición rebasa los límites del proceso penal, para ser reconocido como principio general del ordenamiento jurídico de categoría constitucional, en el Artículo 12 de la Ley fundamental; por tanto, si se verifica un procedimiento disciplinario en el cual el sujeto pasivo fue declarado responsable y sancionado, no podrá ser juzgado de nueva cuenta en el ámbito penal.

B.14 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 71, en la frase "deberá realizarse dentro de los diez días calendario", de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención del Artículo 203 constitucional:

Disposición cuestionada

"Artículo 71. Integración transitoria del Consejo de la Carrera Judicial.

Dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la vigencia de esta Ley, deberán celebrarse las asambleas de jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría para la elección de sus representantes titulares y suplentes, así como la elección del representante titular y suplente de la Corte Suprema de Justicia. (...) se procederá, en lo que respecta a la convocatoria, cuórum, celebración y elección; de la siguiente forma:

En esta asamblea se elegirán por planilla, a un representante titular y un suplente para integrar el Consejo de la Carrera Judicial..."

[Partes conducentes, con resaltado en la frase expresamente impugnada por los postulantes, del texto original del Decreto 32-2016, vigente al ser planteada la acción de inconstitucionalidad]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

Argumentación expuesta por los accionantes

Esta disposición resulta inconstitucional porque, al declararse que adolece de ese vicio el Artículo 5 de la ley objetada, que se refiere precisamente a la integración del Consejo de la Carrera Judicial, será materialmente imposible celebrar la asamblea aquí aludida.

C. Planteamiento de Francisco Coloj Mazate

C.1 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 5, literal a, de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 4º., 203 y 205 constitucionales:

Disposición cuestionada

"Artículo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial.

La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo que se integrará de la manera siguiente:

a) Un representante titular y un suplente, electos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que no integren la misma..."

[Parte conducente, según especificación expresa del postulante]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 4. Libertad e igualdad.

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

"Artículo 205. Garantías del Organismo Judicial.

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

a) La independencia funcional;

b) La independencia económica;

c) La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley; y

d) La selección del personal."

Argumentación expuesta por los accionantes

a. Se viola el principio de igualdad recogido en el Artículo 4º. de la Ley Fundamental, al no permitir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegir representantes titular y suplente en el Consejo de la Carrera Judicial entre sus mismos miembros; pese a que los Magistrados de la Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz, sí pueden hacerlo.

b. En el segundo párrafo del Artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece: "Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público (...) Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."; regulándose en ese precepto la independencia del Organismo Judicial sin hacer distinción en cuanto a las funciones jurisdiccionales o administrativas; aunado a lo anterior, en el Artículo 205 constitucional está dispuesto: "Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes: a) La independencia funcional (...) d) la selección del personal...". Asimismo, de conformidad con los Artículos 53 y 54, literal a, de la Ley del Organismo Judicial, ese Organismo será administrado por su Presidente y por la Corte Suprema de Justicia, la cual constituirá el órgano superior de su administración.

c. Lo normado en la disposición impugnada resulta inconstitucional, porque no permite que el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia estén representados en el Consejo de la Carrera Judicial por su Presidente o por otro magistrado de esta última, impidiéndoles ser parte de las decisiones que ahí se discutan y se tomen; al excluirse esa representación directa se restringe a aquel Organismo el ejercicio de sus funciones administrativas y se disminuye la independencia que le fue otorgada por la Constitución Política de la República de Guatemala y fue desarrollada en Ley del Organismo Judicial.

C.2 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 6, literales b, c y o de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 203, 205, literal d, y 209 constitucionales:

Disposición cuestionada

"Artículo 6. Atribuciones del Consejo.

Son atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial:(...)

[Partes conducentes, según especificación expresa del postulante]

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

"Artículo 205. Garantías del Organismo Judicial.

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes: (...)

d) La selección del personal."

"Artículo 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar.

Argumentación expuesta por los accionantes

a. En el Artículo 6, literales b y c, se asigna al Consejo de la Carrera Judicial la atribución de nombrar y remover a: los integrantes titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina Judicial y de la Junta de Disciplina Judicial de Apelación, al Director de la Escuela de Estudios Judiciales, al Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial, al Supervisor General de Tribunales y al Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional; así como los demás cargos de dirección de estas unidades.

b. Parte de la independencia funcional del Organismo Judicial radica en que este, a través de sus máximas autoridades, pueda nombrar y remover al personal de ese Organismo, incluyendo funcionarios y empleados, tanto del área administrativa como del área jurisdiccional; en tal virtud, la atribución indicada en la literal anterior, de nombrar y remover personal, hace que el Consejo de la Carrera Judicial usurpe funciones que competen exclusivamente al Presidente del Organismo Judicial y a la Corte Suprema de Justicia, ocasionando con ello infracción de la independencia establecida en los Artículos 203, 205, literal d, y 209 constitucionales.

c. El Artículo 209 constitucional está desarrollado en la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, en la cual se expresa que el personal auxiliar es parte del Organismo Judicial, por lo que todos los que forman parte de él están sujetos al mismo patrono; de esa cuenta, se está confiriendo al Consejo de la Carrera Judicial atribuciones que competen a la Corte Suprema de Justicia.

d. En el Artículo 6, literal o, se atribuye al Consejo de la Carrera Judicial la función de integrar las Salas de la Corte de Apelaciones, lo cual también supone usurpación de la garantía de selección de personal, que la Constitución Política de la República de Guatemala concede al Organismo Judicial; porque es la Corte Suprema de Justicia la encargada de hacer esa integración.

e. El Consejo de la Carrera Judicial fue instaurado en la anterior Ley de la Carrera Judicial, Decreto 41-99 del Congreso de la República, con el propósito de capacitar y evaluar a los jueces y magistrados, así como tener control sobre su formación y desarrollo; pero en la Ley de la Carrera Judicial vigente se concibe al Consejo mencionado como independiente y paralelo al Organismo Judicial, con la intención de mermar las funciones constitucionalmente encomendadas a ese Organismo de Estado, tales como la de nombrar y remover personal; lo cual es evidente la violación al Estado de Derecho.

C.3 De la inconstitucionalidad parcial del Artículo 79 de la Ley de la Carrera Judicial; por contravención de los Artículos 203, 205, literales a y d, y 209, constitucionales:

Disposición cuestionada

"Artículo 79. Derogatorias.

Se deroga el Decreto Número 41-99 del Congreso de la República, Ley de la Carrera Judicial. Quedan derogadas las literales b), d), e), h), i) y m) del artículo 54; las literales a) e i) del artículo 55; el artículo 56; las literales d), e) y f) del artículo 88; el primer párrafo del artículo 93; y el artículo 100 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, así como toda disposición que contravenga la presente Ley."

Normativa constitucional que se señala violada

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema

de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia."

"Artículo 205. Garantías del Organismo Judicial.

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

a) La independencia funcional (...)

d) La selección del personal."

"Artículo 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar.

Argumentación expuesta por los accionantes

a. En el Artículo referido se derogan las literales b, d, e, h, i y m del Artículo 54; las literales a e i del Artículo 55; el Artículo 56; las literales d, e y f del Artículo 88; el primer párrafo del Artículo 93 y el Artículo 100 de la Ley del Organismo Judicial. Con ello, la disposición recriminada suprime todas las funciones administrativas que en la Ley del Organismo Judicial aparecían asignadas a la Corte Suprema de Justicia y al Presidente del Organismo Judicial, con lo cual se les impide ejercer las atribuciones que les corresponden por mandato constitucional; lo cual viola lo preceptuado en el Artículo 203 de la Ley Fundamental, que establece que los magistrados son independientes en el ejercicio de sus labores, sin hacer distinción si estas son jurisdiccionales o administrativas.

b. De acuerdo al especialista en Derecho Administrativo, Eric Meza Duarte: "La jerarquía da forma a un poder jurídico especial, denominado poder jerárquico, que se ejerce para mantener la unidad de acción administrativa, subordinando y coordinando la actividad de los órganos inferiores (...) Ese poder se concreta o manifiesta de diversas maneras, a saber: el poder de mando, que consiste en una potestad imperativa que se actualiza en el orden interior de la administración a través de la posibilidad de dictar órdenes; vale decir, por virtud de ese poder el superior jerárquico dicta mandatos que se deben obedecer, observar y ejecutar (...) el poder de vigilancia, es también uno que pude ejercer el superior sobre el subalterno y que se materializa mediante la supervisión que aquel ejerce sobre las actividades de este para garantizar el buen funcionamiento del servicio y la conducta correcta de los funcionarios y empleados (...) poderes de avocación y de delegación, cuyas nociones conceptuales ya han sido explicadas anteriormente(...) El poder de revisión, o sea, la intervención de los superiores en el régimen de acuerdos o resoluciones de los inferiores. Este poder es una consecuencia obvia de la relación jerárquica, que implica dependencia de! subalterno respectó del superior, y se concreta mediante el denominado recurso jerárquico (...) El poder disciplinario, atribuido a las autoridades superiores para sancionar el quebrantamiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios y empleados de la administración (...) El poder de dirimir competencias es, también, un ingrediente necesario por cuanto que en no pocas oportunidades el marco dentro del cual han de ejercerse las atribuciones propias de un órgano resulta impreciso..."

c. Al analizar la norma impugnada a la luz de las nociones teóricas relacionadas, se colige que aquella prevé que el Consejo de la Carrera Judicial usurpe funciones de poder de mando, poder de vigilancia, poder disciplinario y poder de dirimir competencias; habida cuenta que: i) suprime a la Corte Suprema de Justicia la atribución de nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar y remover a los jueces, así como a los Secretarios y personal auxiliar de los tribunales que corresponda; por lo que se le amputan al Organismo Judicial esas facultades, atentando contra su independencia y contra las garantías que establece en su favor la Constitución Política de la República de Guatemala y //) al derogar las funciones de supervisión e imposición de sanciones al Organismo Judicial, se le está vedando el poder disciplinario que es inherente a su condición del Organismo del Estado, para concedérselo a un órgano administrativo inferior, que pasa así a ser un poder paralelo de usurpación de las funciones que están asignadas al Organismo Judicial, al tenor del Artículo 205 constitucional.

d. En el Artículo 209 de la Carta Magna está preceptuado que "los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema..."; sin embargo, en el Artículo 79 de la ley cuestionada se elimina la facultad constitucionalmente encomendada a la Corte Suprema de Justicia, de nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar y remover a los jueces, secretarios y personal auxiliar. Esto porque deroga la literal d del Artículo 54 de la Ley del Organismo Judicial, disposición que desarrollaba el citado precepto constitucional; con la intención de que sea el Consejo de la Carrera Judicial el cual se arrogue el poder de nombrar o remover jueces y personal auxiliar.

e. Se asignan a una autoridad distinta de la Corte Suprema de Justicia funciones que por mandato constitucional solamente competen a esta. Si lo que se persigue es un poder judicial diferente, deben introducirse reformas constitucionales y no pretender concretar ese objetivo mediante una reforma legislativa.

II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

No se decretó la suspensión provisional. Se dio audiencia por quince días a la Corte Suprema de Justicia y al Organismo Judicial, al Congreso de la República y al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. Oportunamente se señaló día y hora para la vista.

III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES

A. Con relación a las acciones presentadas por Asociación de jueces y magistrados del Organismo Judicial e Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial A.1 La Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial expresaron: a) la inconstitucionalidad total de una ley no necesariamente se produce por vicios formales; puede ocurrir, como en este caso, que todo un cuerpo normativo sea contrario a la Constitución Política de la República de Guatemala, debido a que por su emisión se provoque grave lesión al principio de división de poderes o al carácter republicano del Estado; b) una ley ordinaria no puede, de ningún modo, contener normas que conlleven restringir o invadir el ámbito de actuación de otro Organismo del Estado, por cuanto que ello implicaría reconocerle al Organismo Legislativo preeminencia sobre ellos; c) la independencia funcional del Organismo Judicial, prevista en el Artículo 205 constitucional, significa que es a los propios órganos competentes dentro de ese poder estatal a los que corresponde la estructuración y determinación de atribuciones y competencias de aquellos entes que lo integran; d) aunque no se alude directamente a la función administrativa en el Artículo 203 de la Ley Fundamental, al realizar análisis integral de esta última se advierte que, dentro de sus disposiciones transitorias, el constituyente estableció que ese Organismo presentara proyecto "de integración del Organismo Judicial", es decir, su ley reguladora, que en otros países incluso tiene rango superior a las leyes ordinarias, al ser orgánica; al ser atendido esto, en el Artículo 52 de la ley respectiva se estableció que a la Corte Suprema de Justicia y al Presidente de esta y del Organismo Judicial les atañen funciones jurisdiccionales y también administrativas; e) al garantizar la Constitución Política de la República de Guatemala la independencia funcional del Organismo Judicial debe entenderse que ello abarca tanto la función jurisdiccional como la administrativa, porque sin el adecuado cumplimiento de esta segunda, corre peligro de paralizarse la primera; f) con la emisión de la Ley de la Carrera Judicial que se cuestiona por esta vía, se está revocando al Organismo Judicial, mediante una ley ordinaria, la independencia funcional que le concede la Carta Magna, debido a la supresión de atribuciones que le corresponden, incluyendo el control de órganos administrativos y disciplinarios, para trasladárselas a un ente paralelo denominado Consejo de la Carrera Judicial; g) la violación constitucional es evidente, en virtud que la independencia funcional concedida al Organismo Judicial en la Ley Fundamental debe prevalecer sobre la misma característica conferida al Consejo de la Carrera Judicial por medio de una ley ordinaria como la Ley de la Carrera Judicial; h) la Corte de Constitucionalidad asentó en la sentencia dictada en el expediente 90-98, que "... administrativamente el Organismo Judicial, es dirigido por la Corte Suprema de Justicia, conforme el principio de unidad de organización interna, cuyas reglas determina la Ley del Organismo Judicial. Como se ve, la Corte Suprema de Justicia concentra su actividad en dos funciones: la administrativa, reglada en el Capítulo II del Título II de su ley, y la jurisdiccional, normada por el Título III siguiente..."; i) en el Artículo 209 de la Constitución Política de la República de Guatemala está preceptuado "Nombramiento de jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascenso se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia."; el análisis integral de esa disposición permite establecer que la referida carrera únicamente concierne a los jueces, de lo contrario estaría ubicada en otro apartado; además, se normó claramente qué materias debían ser reguladas en ley ordinaria, sin mencionar algún órgano paralelo que se encargara de ello; j) resultaría inoperante pretender regular los ingresos, promociones y ascensos de los magistrados, porque la propia Carta Magna prevé los mecanismos para ello; precisamente por tal motivo, recientemente fue presentada propuesta de reforma constitucional tendiente a la creación del Consejo Nacional de Justicia, al ser contrario a normas constitucionales establecer otro órgano que desarrolle actividades que corresponden al Organismo Judicial; k) en el expediente 2523-2010, la Corte de Constitucionalidad declaró la inconstitucionalidad general parcial de una de las atribuciones que habían sido conferidas al Consejo del Ministerio Público, debido a que no podía este órgano desempeñar funciones inherentes al cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público; lógica que resulta igualmente aplicable a esta situación; l) en los expedientes acumulados 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003, referidos a un planteamiento de inconstitucionalidad formulado contra la Ley de la Carrera Judicial anterior, la Corte de Constitucionalidad estableció que la evaluación del desempeño para magistrados era contraria a lo dispuesto en los Artículos 207 y 208 de la Constitución Política de la República de Guatemala; a pesar de ello, en la Ley de la Carrera Judicial vigente se insiste con esa norma; m) el constituyente guatemalteco determinó que la carrera judicial únicamente abarcara a los jueces, pero no a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones, en virtud que no seria operante, tomando en cuenta que la carrera judicial conlleva nombramientos y ascensos, entre otros aspectos que no pueden ser cumplidos con relación a los citados funcionarios judiciales, cuyo nombramiento depende solamente del Congreso de la República, conforme la nómina propuesta por la Comisión de Postulación; n) respecto de la denuncia de inconstitucionalidad parcial del Artículo 1, segundo párrafo, frase "así como otras situaciones del sistema de carrera judicial de los jueces o magistrados, cualquiera que sea su categoría", se estima que es procedente, porque conforme el principio de taxatividad, las leyes deben contener términos descriptivos precisos, lo cual no ocurre con este precepto, porque no especifica cuáles son las situaciones a las que se refiere, dando cabida a la discrecionalidad y el consecuente detrimento de la seguridad jurídica; o) en cuanto al Artículo 26 cuestionado, además de adolecer del mismo defecto que la norma aludida en la literal anterior, carece de razonabilidad que respecto de los traslados propiciados por jueces o magistrados se dispongan condiciones incoherentes entre sí; se requieren causa justificada, acumulación de méritos y que el traslado no sea inconveniente, pero en la práctica si concurre la primera, las restantes dos no pueden presentarse; p) en el Artículo 205, literal a, de la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra establecida como una de las garantías del Organismo Judicial la independencia funcional, la cual está orientada hacia el ejercicio de todo lo relacionado con el que hacer administrativo; es decir, aspectos tales como el ingreso, permanencia, promoción, traslados, evaluación, régimen disciplinario y formación de los jueces y magistrados, a fin de asegurar su dignidad, estabilidad, independencia, imparcialidad y excelencia profesional en el ejercicio de sus funciones; pero todo ello debe depender del Organismo Judicial, no de un ente distinto como el Consejo de la Carrera Judicial; de ahí que sea inconstitucional lo previsto en el Artículo 4 de la Ley de la Carrera Judicial, que supone la supresión de la independencia funcional que constitucionalmente está garantizada para el Organismo Judicial; q) no es dable que la Presidencia del Consejo de la Carrera Judicial se efectúe por sorteo, como está previsto en el Artículo 5 cuestionado, puesto que el ejercicio de ese cargo debe atender solamente a los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, observándose las jerarquías o, en todo caso, debe decidirse en consenso o por mayoría de sus integrantes; r) la negativa a admitir representaciones para la elección de los jueces y magistrados que integran el Consejo de la Carrera Judicial, dispuesta al final del citado Artículo 5, contradice lo dispuesto en el Artículo 136, literal b, constitucional, en virtud que el incumplimiento del ejercicio regular de la función jurisdiccional conlleva responsabilidad disciplinaria y, por consiguiente, esa situación impide asistir a las asambleas destinadas a aquel fin; s) la integración del Consejo de la Carrera Judicial no guarda congruencia con el principio de independencia funcional, en virtud que pese a que esa instancia no forma parte del Organismo Judicial, miembros de este último sí están llamados a integrar el mencionado Consejo; lo cual no es posible, porque los jueces y magistrados no pueden desempeñar otros cargos al margen de la judicatura o la magistratura que ejercen dentro del Organismo Judicial, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 207 de la Ley Fundamental; t) en las literales e, f y g del citado Artículo 5 se prevé que el Consejo de la Carrera Judicial esté integrado, entre otros, por tres profesionales que no representan a sector alguno y no pertenecen al Organismo Judicial, pese a lo cual conocerán y resolverán asuntos vinculados a la carrera judicial, que es propia de ese organismo de Estado; esto también lesiona la independencia funcional; u) se establece en la misma norma aludida en la literal anterior que el Consejo de la Carrera Judicial deberá asesorarse de los órganos y unidades técnicas del Organismo Judicial para asegurar el enfoque étnico y de género en los procesos de la carrera judicial; sin embargo, obligar al segundo de los entes mencionados a prestar tal asesoría, mediante ley ordinaria, atenta contra su independencia funcional, que se encuentra protegida a nivel constitucional; v) en el Artículo 6, literal m, frase "y reglamentos" de la Ley de la Carrera Judicial se establece que es atribución del Consejo de la Carrera Judicial emitir las reglamentaciones inherentes a su objeto y naturaleza; empero, en el Artículo 183, literal e, de la Carta Magna se le confiere esa función al Presidente de la República, lo cual evidencia la existencia de vicio de inconstitucionalidad; w) en el Artículo 16 de la Ley de la Carrera Judicial se prevé que aquellos magistrados que ingresaron por el sistema de carrera judicial, pero no son reelectos, pueden ser nombrados como jueces; lo cual lesiona la regulación constitucional de ese sistema, porque este conlleva que los jueces puedan optar a otros puestos mejores atendiendo a la clasificación correspondiente, pero esto no puede operar en forma regresiva; x) en sentencias dictadas dentro de los expedientes 412-2011 y 395-2010 la Corte de Constitucionalidad estableció que las sanciones a las cuales alude la Ley de la Carrera Judicial, se refieren a actuaciones de carácter administrativo que no están vinculadas de forma directa con la actuación judicial, misma que, de acuerdo con la Constitución, solo puede ser revisada por las instancias legales competentes; sin embargo, en los Artículos 41, literales a, c, d, e, f, h, i, j, k, I, m, n, o, p y r y 42, literales b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, z, aa, bb, cc, ee y ff de la Ley de la Carrera Judicial, se tipifican como faltas graves o gravísimas conductas que no son de carácter eminentemente administrativo y otras que son jurisdiccionales e, inclusive, algunas otras que son no constitutivas de faltas sino de causas de incompatibilidad o de responsabilidad penal; y) lo dispuesto en el Artículo 42, literal dd, de la Ley de la Carrera Judicial provoca falta de seguridad jurídica, porque no se precisa dónde deben producirse las reuniones; si estas tuvieran lugar en la sede del tribunal, serían actuaciones jurisdiccionales y no administrativas; se viola con ese precepto el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, porque se impide a los sujetos procesales conversar asuntos de su interés con los jueces y magistrados de forma independiente; pese a que resulta prudente que cada parte procesal pueda, por su lado, dialogar con el juez o magistrado, sin que esto signifique que se deba resolver en uno u otro sentido, al estar garantizada su independencia por el Artículo 203 constitucional; z) en los Artículos 47 y 59 de la Ley de la Carrera Judicial se regula que las faltas leves, graves y muy graves prescriben en uno, tres y cinco años, respectivamente; lo cual redunda en vulneración de la seguridad jurídica y del desarrollo integral de la persona, porque esos plazos carecen de razonabilidad y proporcionalidad, en especial si se compara con el que corresponde a la prescripción de las faltas penales; no tiene sentido que estas últimas prescriban en menor tiempo que las faltas disciplinarias; aa) en el Artículo 7 de la Ley en Materia de Antejuicio está dispuesto que el cese en el ejercicio del cargo procede únicamente cuando exista prisión preventiva, lo cual es acorde con el principio de presunción de inocencia, reconocido en el Artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque la cesación se deriva de la imposibilidad de continuar desempeñando las funciones por encontrarse en la referida prisión preventiva; sin embargo lo dispuesto en el Artículo 31, literales d y e, de la Ley de la Carrera Judicial, contraviene lo anterior, porque prevé que la separación del cargo se produzca como consecuencia de la declaratoria con lugar del antejuicio promovido. Solicitó que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad presentada. A.2 El Congreso de la República de Guatemala manifestó: a) la Comisión Internacional Contra la Impunidad ha expresado públicamente que ciertos financistas manipulan las comisiones de postulación, en el marco de la problemática general de impunidad que aqueja al país, incluso reconocida por la Organización Internacional del Trabajo en su centésima conferencia; debido a ello se han implementado reformas al sector justicia que eviten mayores niveles de crisis e ingobernabilidad, o inclusive el rompimiento del orden constitucional; b) en la actualidad el Consejo de la Carrera Judicial y la Supervisión de Tribunales se han tornado inoperantes, habida cuenta que los jueces que son objeto de quejas o de reclamos en la mayoría de los casos resultan impunes; c) la sociedad guatemalteca exige que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean de carrera y accedan a esos cargos por méritos acumulados y capacidad, no derivado de la actividad de grupos que financian y compran voluntades en las comisiones de postulación;d) en buena medida la circunstancia de que las estructuras que propician la impunidad continúen vigentes, así como la crisis de credibilidad del sistema de justicia, obedece a que las funciones administrativa y jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia no se encuentren separadas; e) la función de ese Organismo del Estado consiste en la producción de expresiones con contenidos normativos, agrupadas bajo la forma de leyes o reformas a estas, con sustento en el derecho positivo, el derecho comparado, la costumbre y los hechos sociales que requieren regulación; f) no existe inconstitucionalidad alguna en la normativa impugnada, porque en el Artículo 209 de la Constitución Política de la República de Guatemala está preceptuado que una ley regulará la carrera judicial y corresponde a ese órgano la potestad legislativa. Pidió que se declare sin lugar el planteamiento bajo análisis y se multe a los postulantes por plantear una acción de inconstitucionalidad de carácter general contraria a Derecho. A.3 El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, señaló: a) las nociones de independencia e imparcialidad están estrechamente ligadas; la primera se refiere a la autonomía de determinado juez o tribunal para decidir casos conforme a Derecho, mientras que la segunda tiene relación con la disposición de los jueces o tribunales respecto de los casos y las partes involucradas en ellos; b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que "la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia..."; c) en el presente caso no existe inconstitucionalidad total de la ley denunciada porque el Consejo de la Carrera Judicial no constituye un ente ajeno al Organismo Judicial; por el contrario, ha sido creado con el propósito de garantizar el libre ejercicio de la función jurisdiccional, que se veía afectada por confluir con ella la función administrativa; d) la carrera administrativa o judicial tiene por objeto mejorar los resultados de la administración de justicia y ofrecer a los guatemaltecos igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público, estabilidad en los empleos y la posibilidad de ingreso, promoción y ascenso, conforme los requisitos previstos en la ley; únicamente con base en los méritos; de ahí que no es inconstitucional incluir en la evaluación tanto a jueces como a magistrados; e) los magistrados también deben ser evaluados, por ser de suma importancia asegurar que su preparación académica esté actualizada, como lo enfatizó la Corte de Constitucionalidad en sentencia dictada en el expediente 2143-2014: "Si se tiene en cuenta la importancia y las dificultades de la tarea que el juez debe realizar, parece muy normal que la sociedad exija en él numerosas cualidades de muy diversa naturaleza. Unas son de carácter moral y otras de carácter técnico. De otra parte, como la función judicial no es únicamente un acto formal, sino también un acto humano y social, es absolutamente preciso que el Juez posea una formación integral y se encuentre al día acerca de las corrientes doctrinales más recientes así como de los resultados de las investigaciones referentes a su profesión..."; f) con relación a la denuncia de inconstitucionalidad del Artículo 1, segunda párrafo, y 26 de la Ley de la Carrera Judicial, por supuesta violación de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se estima que no se ha efectuado adecuada confrontación jurídica que permita el análisis requerido; g) contrario a lo afirmado por los accionantes, se considera que la Ley de la Carrera Judicial, la entidad creada en esta, así como las atribuciones que se le atribuyen, se encuentran respaldadas por lo preceptuado en el Artículo 209 de la Ley Fundamental, habida cuenta que en esta misma norma se ordena que funciones administrativas del Organismo Judicial como los ingresos, promociones y ascensos sean regulados mediante ley especial; además, el Consejo de la Carrera Judicial se integra, entre otros, por miembros del Organismo Judicial, por lo que la independencia funcional de este último se encuentra asegurada; h) es importante destacar que la función esencial de la Corte Suprema de Justicia es impartir justicia, la cual se ve afectada debido a que también debe desempeñar funciones administrativas; esto genera cierta cultura de verticalidad entre los tribunales de justicia, que no favorece sus labores; al respecto se ha pronunciado el Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, dentro del documento Misión a Guatemala 2009: "44. La CSJ ha sido el blanco de muchas críticas, debido a que su función principal, la cual es impartir justicia, se ve desplazada por el ejercicio de funciones administrativas, lo que ha permitido el establecimiento de una cultura vertical dentro del poder judicial que interfiere en la independencia de jueces y magistrados. Por ejemplo, en virtud de la Ley del OJ, el Presidente del OJ y los tribunales superiores tienen la facultad de supervisar el desempeño de los tribunales de grado inferior que les están subordinados, pudiendo recomendar u ordenar -solo el Presidente- sanciones administrativas y disciplinarias a los funcionarios judiciales. Este artículo y otras disposiciones de la ley del OJ contradicen varios aspectos de la ley de la carrera judicial. 45. La gran cantidad de atribuciones administrativas también ha generado enormes deficiencias en la gestión de despacho, incluyendo la delegación de funciones jurisdiccionales en funcionarios no autorizados, lo cual contribuye a la ineficacia generalizada del sistema de justicia. 46. El Relator Especial coincide en que la concentración de funciones impide que la CSJ se centre en sus funciones jurisdiccionales, así como en otras que le corresponden como cabeza del poder judicial, en especial aquellas vinculadas a garantizar su independencia. Considera que esta es una de las causas de la crisis por la que atraviesa el poder judicial, puesto que la concentración de funciones en un solo organismo también implica su politización. 47. En este sentido, el Relator Especial observó que se presenta una especie de repartición de facto de la judicatura entre los magistrados de la CSJ, correspondiéndole a cada uno un número determinado de áreas territoriales sobre las cuales ejerce sus poderes administrativos, siendo el encargado de nombramientos, destituciones, traslados, distribución de recursos, etc. Esto a su vez tiene un gran impacto sobre la independencia de los jueces que están en las zonas de influencia del magistrado correspondiente, puesto que tienden a seguir las instrucciones de su magistrado, incluso en la decisión de asuntos sometidos a su competencia jurisdiccional. 48. Durante la visita el Relator Especial no encontró ningún tipo de resistencia a la propuesta de separar las funciones administrativas y judiciales de la CSJ, incluso su Presidente en funciones se mostró favorable a un eventual cambio en este sentido..."; i) la función de la inconstitucionalidad no es propiciar que se sustituyan la voluntad y el criterio del legislador acerca de la conveniencia u oportunidad de las leyes, por lo que la forma como se integra el Consejo de la Carrera Judicial prevista en el Artículo 5 de la ley cuestionada no contraviene postulados constitucionales; j) con relación a la denuncia de inconstitucionalidad de los Artículos 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley de la Carrera Judicial, por supuesta violación de lo dispuesto en los Artículos 205, literal a, y 136, literal d, de la Constitución Política de la República de Guatemala, se estima que no se ha efectuado adecuada confrontación jurídica que permita el análisis requerido; k) el Artículo 6, literal m, en la frase "y reglamentos", de la ley señalada no dispone suprimir la facultad del Presidente de la República, prevista en el Artículo 183, literal e, constitucional, de emitir reglamentos que desarrollen las leyes ordinarias; tampoco ordena al Consejo de la Carrera Judicial que emita el reglamento correspondiente a la Ley de la Carrera Judicial, sino solo establece su potestad de hacerlo; l) la posibilidad de que los magistrados no reelectos sean nombrados como jueces no contraviene lo normado en el Artículo 209 de la Constitución Política de la República de Guatemala, puesto que ese es un derecho que facultativamente puede o no ser ejercido por los referidos magistrados, no se trata de un precepto imperativo; m) en cuanto a la supuesta violación que apareja lo dispuesto en los Artículos 41 y 42 de la Ley de la Carrera Judicial contra los Artículos 2°. y 203 de la Carta Fundamental, es importante precisar que aunque puedan converger en un mismo hecho, existen diferencias entre los delitos y las faltas administrativas, por lo que deben ser sancionados de forma separada; la Corte de Constitucionalidad afirmó, en el expediente 4072-2011, que el Derecho Penal solo es una parte del sistema de sanciones estatales, dentro del cual también forman parte las sanciones administrativas, que poseen naturaleza distinta al sistema punitivo penal, así también, en el expediente 1353-2005 señaló que en cuanto al principio de tipicidad disciplinaria, se dan algunas diferencias y similitudes con el Derecho Penal y entre las primeras se encuentra que en el Derecho Disciplinario generalmente los tipos no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones, por lo que la tipicidad de las infracciones disciplinarias debe determinarse por la lectura sistemática de la normativa que establece una función, orden o prohibición y de aquella otra que prevé que su incumplimiento constituye infracción; n) respecto de la inclusión de faltas graves y faltas gravísimas en la Ley de la Carrera Judicial, debe tenerse presente que, como lo señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su publicación Insumos para la formación en derechos humanos y administración de justicia, a pesar de que la independencia judicial constituye una garantía fundamental, puede también convertirse en escudo detrás del cual los jueces oculten conductas antiéticas; de ahí que el Derecho Internacional demande normas que prevean la destitución de jueces por motivos de conducta y que sea importante diferenciar entre la responsabilidad de los jueces por el desempeño de sus funciones como tales, regidas por normas claras y específicas de conducta, de aquella otra que puede surgir por la comisión de delitos comunes fuera de su labor jurisdiccional; el principio en cual se resume lo anterior es que los jueces solo pueden ser destituidos mediante proceso justo, por notoria mala conducta, faltas disciplinarias, delitos o incapacidad que los inhabilite para el ejercicio de sus funciones; o) con relación al cuestionamiento de inconstitucionalidad formulado sobre los Artículos 47, 59, último párrafo, 62 y 67 de la Ley de la Carrera Judicial, debe destacarse que esas normas fueron emitidas con el propósito de evitar y corregir las conductas arbitrarias de los jueces y la impunidad; en todo caso, en aras de proteger el derecho de defensa de los trabajadores del Organismo Judicial, en los Artículos 48 al 54 del referido cuerpo normativo lo relativo al régimen disciplinario y en el Artículo 63, el recurso de apelación contra lo decidido por la Junta de Disciplina Judicial y p) no constituye vicio de inconstitucionalidad que se separe a los jueces del cargo cuando se ha declarado que ha lugar a formación de causa o se haya dictado auto de procesamiento en su contra, porque de no hacerlo se socavaría la confianza pública en la administración de justicia y se pondría en riesgo la independencia judicial. Pidió que se declare sin lugar la inconstitucionalidad denunciada. B. Con relación a las acciones presentadas por Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Luis Mauricio Corado Campos, Dixon Díaz Mendoza, Alba Susana López Racanac y Zonia de la Paz Santizo Corleto B.1 La Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial expresaron: a) una ley ordinaria no puede, de ningún modo, contener normas que conlleven restringir o invadir el ámbito de actuación de otro Organismo del Estado, puesto que eso implicaría reconocerle al Organismo Legislativo preeminencia sobre ellos; además, en el presente caso, las normas cuestionadas suponen que un poder constituido se arrogó funciones que corresponden al poder constituyente; b) resulta incongruente que un profesional en psicología integre el Consejo de la Carrera Judicial, porque no representa a alguna entidad que guarde relación con el sector justicia y tampoco pertenece al Organismo Judicial; en la única de las funciones que esa instancia tiene encomendadas, que pudiera tener alguna relevancia su presencia sería en la prevista en el Artículo 6, literal d -evaluación- de la ley de la materia; y dentro de las infracciones o faltas en las cuales pueden incurrir los funcionarios que integran la carrera judicial, no existe alguna que requiera conocimiento de aquella ciencia para ser establecida; todo lo anterior, a pesar de que lo preceptuado en el Artículo 113 constitucional obliga al legislador a que, al momento de estructurar un órgano público, observe la idoneidad para desempeñar los puestos; c) la normativa que regula la inclusión de un profesional de la psicología en el Consejo de la Carrera Judicial no precisa el procedimiento para su elección, ni el período que ejercerá el cargo; como lo hizo notar la propia Corte de Constitucionalidad en opinión consultiva dictada en el expediente 5911-2016; d) con la emisión de la Ley de la Carrera Judicial que se ha cuestionado por esta vía, se está revocando al Organismo Judicial, mediante una ley ordinaria, la independencia funcional que le concede la Carta Magna, debido a la supresión de atribuciones que le corresponden, incluyendo el control de órganos administrativos y disciplinarios, para trasladárselas a un ente paralelo denominado Consejo de la Carrera Judicial; e) la Ley Fundamental de cada Estado no contiene de forma taxativa cada una de las atribuciones de cada Organismo de Estado, pero sí proporciona sus bases esenciales; en el caso del Organismo Judicial, en los Artículos 203, 205 y 209 constitucionales se regula la independencia judicial, estableciendo como sus garantías, la independencia funcional, la económica, la no remoción y la selección del personal; dado su origen constitucional, esas garantías pueden ser ampliadas por las leyes ordinarias, pero no disminuidas o tergiversadas; f) la realización de un sorteo para determinar la Presidencia del Consejo de la Carrera Judicial pretende equiparar a sus integrantes, pero omite tomar en consideración la doctrina de la Corte de Constitucionalidad en cuanto al trato igual a los iguales y desigual para los desiguales; que todos los miembros de esa instancia se encuentren en situación de igualdad es una afirmación formalmente válida, pero no puede dejarse de lado que cumplen requisitos disímiles para asumir el puesto que ostentan, lo cual evidencia que existe desigualdad en cuanto a aptitudes, conocimientos y experiencia; esto, además, contraviene lo dispuesto en el Artículo 113 constitucional, al no exigirse el presupuesto de idoneidad; g) con la emisión de la Ley de la Carrera Judicial que se ha cuestionado por esta vía, se está revocando al Organismo Judicial, mediante una ley ordinaria, la independencia funcional que le concede la Carta Magna, debido a la supresión de atribuciones que le corresponden, incluyendo el control de órganos administrativos y disciplinarios, para trasladárselas a un ente paralelo denominado Consejo de la Carrera Judicial; h) la Corte de Constitucionalidad asentó en la sentencia dictada en el expediente 90-98: "... administrativamente el Organismo Judicial, es dirigido por la Corte Suprema de Justicia, conforme el principio de unidad de organización interna, cuyas reglas determina la Ley del Organismo Judicial. Como se ve, la Corte Suprema de Justicia concentra su actividad en dos funciones: la administrativa, reglada en el Capitulo II del Título II de su ley, y la jurisdiccional, normada por el Titulo III siguiente..."; i) disponer que la elección del Presidente de la Junta de Disciplina Judicial se realice por medio de sorteo público contradice el Artículo 205, no solo en la literal d sino también la literal a, porque afecta la independencia judicial; y, además, vulnera lo preceptuado en el Artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en lo relativo a la idoneidad, porque resulta inviable pretender que un puesto al que corresponden funciones específicas sea designado aleatoriamente y no por criterios objetivos; j) las frases "y magistrados" del primer párrafo, "o magistrados" contenida en las literales c y f, "y magistrado" contenida en el penúltimo párrafo, del Artículo 32 de la ley impugnada, violan lo dispuesto en los Artículos 208, 215 y 216 de la Ley Fundamental, porque todo lo relacionado a la evaluación del desempeño es únicamente aplicable a los jueces de paz y a los jueces de primera instancia, en virtud que a ellos corresponde la carrera judicial y no a los magistrados, en atención al modo en que unos y otros llegan a ocupar sus cargos; los magistrados no están obligados a procurar rendimiento satisfactorio, puesto que ello no incide en su continuidad en el cargo; de ahí que en los expedientes acumulados 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003, la Corte de Constitucionalidad haya declarado inconstitucional la misma frase contenida en la Ley de la Carrera Judicial anterior; k) resulta inconstitucional que sea considerada como falta grave la actuación descrita en el Artículo 41, literal l, de la Ley de Carrera Judicial, en virtud que no es de carácter administrativo sino eminentemente jurisdiccional y la Corte de Constitucionalidad ya ha asentado que no se pueden tomar como faltas administrativas las actuaciones jurisdiccionales, en fallo emitido dentro del expediente 395-2010; l) en el Artículo 41, literal p, del cuerpo legal cuestionado no se establece con precisión alguna falta, sino únicamente se define una sanción, generando falta de seguridad jurídica; además, se vulnera el derecho de defensa y la independencia judicial, al no fijarse que las faltas contabilizadas deban estar firmes; m) provoca desmedro a la seguridad jurídica que la actuación prevista como falta en el Artículo 41, literal r, de la ley denunciada también aparezca como tal dentro de las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial (Acuerdo 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia); con lo cual se estaría sancionando doblemente esa conducta; n) los comportamientos delineados en el Artículo 42, literales h, r, s y aa derivan en acciones jurisdiccionales con algún grado de responsabilidad penal, por lo que no es procedente que sean sancionados administrativamente, como quedó señalado en la última de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad aquí citadas, porque no puede sancionarse el mismo hecho en la vía penal y en la vía administrativa; o) lo dispuesto en el Artículo 42, literal dd, de la Ley de la Carrera Judicial provoca ausencia de seguridad jurídica, porque no se precisa dónde deben producirse las reuniones; si estas tuvieran lugar en la sede del tribunal, serían actuaciones jurisdiccionales y no administrativas; se viola con ese precepto el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, porque se impide a los sujetos procesales conversar asuntos de su interés con los jueces y magistrados de forma independiente; pese a que resulta prudente que cada parte procesal pueda, por su lado, dialogar con el juez o magistrado, sin que ello signifique que se deba resolver en uno u otro sentido, al estar garantizada su independencia por el Artículo 203 constitucional; p) en cuanto a la denuncia de inconstitucionalidad formulada respecto de las conductas previstas como faltas gravísimas en el Artículo 43, literales c y d, coincide con los postulantes en que vulneran lo dispuesto en los Artículos 2 y 12 constitucionales, habida cuenta que se establecen sanciones sin contener presupuestos claros y precisos y, de esa cuenta, se propicia mayor discrecionalidad en la aplicación de una u otra sanción, afectando la certeza jurídica del denunciado; q) la frase "suspender de sus labores como juez o magistrado al denunciado, hasta por un máximo de treinta (30) días, con goce de salario", contenida en el Artículo 52 de la ley dubitada, no solamente es violatoria de la presunción de inocencia reconocida en el Artículo 14 constitucional, sino es contraria al principio de proporcionalidad, defendido por la Corte de Constitucionalidad en su jurisprudencia, porque al realizarse una interpretación armónica de la Ley de la Carrera Judicial, se deduce que la suspensión únicamente procede, conforme el Artículo 31, literal e, cuando exista auto de procesamiento; la simple presentación de una denuncia en forma alguna debe conllevar la limitación del ejercicio de una función jurisdiccional y r) si como resultado de un procedimiento disciplinario se advierten indicios de responsabilidad penal, se puede certificar lo conducente contra el juez implicado y seguirse las diligencias correspondientes respetando su derecho de defensa; la Corte de Constitucionalidad avaló medidas como esta en el expediente 749-2011, en el cual afirmó que el hecho de que existiera proceso penal promovido contra una persona no excluye la incoación de un procedimiento disciplinario administrativo. Pidió que se declare con lugar la inconstitucionalidad general planteada, respecto de las disposiciones antes especificadas. B.2 El Congreso de la República de Guatemala manifestó: a) de la lectura del Artículo 1 de la Ley de la Carrera Judicial se desprende que el objeto primordial de ese cuerpo legal es contribuir al buen desempeño de jueces y magistrados y al buen funcionamiento de la administración de justicia en general, al establecer principios, garantías, normas y procedimientos necesarios para el adecuado desarrollo de la carrera judicial; y así garantizar la estabilidad en el cargo jurisdiccional, mientras no se incurra en causa legal que justifique el cese y b) en el presente caso los postulantes no cumplieron con efectuar análisis confrontativo que demuestre la inconstitucionalidad que denuncian; por lo que su planteamiento resulta notoriamente carente de fundamento e improcedente. Pidió que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad formulada. B.3 El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, señaló: a) que el Consejo de la Carrera Judicial se integre, entre otros, por un titular y un suplente que cuenten con licenciatura en psicología no contraviene lo preceptuado en el Artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud que siendo ese Consejo el órgano rector de la carrera judicial y atendiendo al desempeño de sus atribuciones resulta valiosa la intervención de esos profesionales con relación a cuestiones tales como la definición de las políticas de esa institución y la metodología de las capacitaciones de jueces y magistrados; b) no contradice lo dispuesto en el Artículo 205, literal d, de la Ley Fundamental la previsión de que el Presidente del Consejo de la Carrera Judicial sea determinado por sorteo público, habida cuenta que los integrantes de ese órgano por imperativo legal debieron cumplir con méritos de capacidad, idoneidad y honradez prescritos en el Artículo 113 constitucional; por lo que todos se encuentran en igualdad de condiciones para asumir aquel cargo; c) contrario a lo afirmado por los postulantes, del análisis del Artículo 6, literales d, e, f, i, k y l de la Ley de la Carrera Judicial se desprende que su redacción contiene presupuestos claros y precisos, por lo que están revestidos de seguridad jurídica; d) la circunstancia de que la presidencia de las Salas de la Corte de Apelaciones se decida por sorteo, no transgrede la independencia funcional reconocida en el Artículo 205, literal d, constitucional, debido a que los integrantes de los mencionados tribunales deben reunir los mismos requisitos y ostentan las mismas calidades, por lo que están en igualdad de condiciones para acceder al referido cargo; e) con el objeto de consolidar las garantías de la independencia judicial fue promulgado el Decreto 32-2016 del Congreso de la República, en el cual se regula, entre otros aspectos, el período y funciones de las Juntas de Disciplina Judicial, incluyendo el modo de determinar quién las presidirá; que esto último se produzca por sorteo público de modo alguno transgrede lo dispuesto en el Artículo 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque todos sus miembros han participado en un proceso de oposición y cumplido con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez que exige el Artículo 113 constitucional, por lo que se encuentran en igualdad de condiciones para acceder a la presidencia de esas Juntas; f) atendiendo a la importancia de la función jurisdiccional que jueces y magistrados cumplen para la conservación del Estado de Derecho, la nueva Ley de la Carrera Judicial propende al fortalecimiento de las instituciones que conforman el sector justicia, a efecto de que guarden congruencia con las condiciones de estabilidad, credibilidad, transparencia y confianza que la sociedad les demanda; en ese orden de ideas, la evaluación del comportamiento profesional de jueces y magistrados se hace necesario para garantizar la estabilidad, la dignidad, la independencia, la imparcialidad, la responsabilidad y la excelencia profesional de los juzgadores en el ejercicio de su función; g) en el caso Camba Campos y otros vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó: "La jurisprudencia de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial (...) Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura (en adelante "Principios Básicos"), las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas (...) el Comité de Derechos Humanos ha señalado que los jueces sólo pueden ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la constitución o la ley (...) la garantía de estabilidad e inamovilidad de los jueces no es absoluta. El derecho internacional de los derechos humanos admite que los jueces sean destituidos por conductas claramente reprochables. En su Observación General No. 32, el Comité de Derechos Humanos establece que los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia..."; de ahí que lo dispuesto en los Artículos 41, literales c, l, p y r, y 42, literales n, r, s, aa, cc y dd de la ley cuestionada, no transgreden el principio de independencia judicial, porque el hecho de que determinadas acciones u omisiones en que incurran jueces y magistrados sean encuadradas en faltas disciplinarias no constituyen restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al poder judicial, al haber sido creadas por el legislador a fin de que se lleve a cabo de conformidad con lo preceptuado en la Constitución Política de la República de Guatemala; h) la garantía de estabilidad e inamovilidad de los jueces no es absoluta; ha de existir, como en efecto ocurre en el Decreto 32-2016 del Congreso de la República, un procedimiento disciplinario que asegure a jueces y magistrados el respeto del debido proceso y su derecho de defensa, en el cual sean escuchados en plazo razonable, puedan aportar los medios de prueba que estimen pertinentes y tengan oportunidad de responder sobre cualquier acusación; i) lo normado en el Artículo 64 de la Ley de la Carrera Judicial no transgrede el contenido de los Artículos 12, 175 y 203 constitucionales, debido a que en el ámbito administrativo Se sanciona una falta disciplinaria preestablecida en la ley, producida por el incumplimiento de jueces y magistrados en sus deberes; ahora bien, si dentro de ese procedimiento surgen indicios de responsabilidad penal, la autoridad responsable está obligada de hacerlo constar y certificar lo conducente al Ministerio Público; si bien pueden converger en un mismo hecho, existe diferencia entre faltas administrativas y delitos, puesto que su sanción debe producirse de forma separada y j) la Corte de Constitucionalidad, en el expediente 1353-2005, señaló que en cuanto al principio de tipicidad disciplinaria, se dan algunas diferencias y similitudes con el Derecho Penal y entre las primeras se encuentra que en el Derecho Disciplinario generalmente los tipos no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones, por lo que la tipicidad de las infracciones disciplinarias debe determinarse por la lectura sistemática de la normativa que establece una función, orden o prohibición y de aquella otra que prevé que su incumplimiento constituye infracción; de esa cuenta, tratándose de servidores públicos, la sanción administrativa deviene de infracción a reglas que deben observar en el desempeño de sus funciones, mientras que la penal deriva de la comisión, por cualquier sujeto, de actos u omisiones tipificados como delitos en la ley. Pidió que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad de carácter general, se condene a los postulantes al pago de las costas procesales y que se imponga multa a los abogados patrocinantes. C. Con relación a la acción presentada Francisco Coloj Mazate C.1 La Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial expresaron: a) una ley ordinaria no puede, de ningún modo, contener normas que conlleven restringir o invadir el ámbito de actuación de otro Organismo del Estado, en vista que eso implicaría reconocerle al Organismo Legislativo preeminencia sobre ellos; y no declararlas inconstitucionales equivaldría que se arrogue funciones propias del poder constituyente; b) tal y como lo pide el postulante, debe ser declarado inconstitucional y expulsado del ordenamiento jurídico el Artículo 5, literal a, de la Ley de la Carrera Judicial, en la frase "que no integren la misma", porque por su medio no solamente se está despojando a la Corte Suprema de Justicia de su independencia funcional y de la garantía de selección de personal que le asiste, establecidas en la Carga Magna; sino que, además, contiene trato desigual y discriminatorio para los miembros de esa Corte, al no permitirles integrar el Consejo de la Carrera Judicial, pese a que, por su experiencia en el ámbito jurisdiccional, resultan idóneos para desempeñar ese cargo, conforme el Artículo 113 constitucional y que, en general, no existe razón suficiente para establecer esa exclusión; c) con lo preceptuado en el Artículo 6, literales b, c y o, de la Ley de la Carrera Judicial, se está revocando al Organismo Judicial, mediante una ley ordinaria, la independencia funcional que le concede la Constitución Política de la República de Guatemala, debido a la supresión de atribuciones que le corresponden, incluyendo el control de órganos administrativos y disciplinarios, para trasladárselas a un ente paralelo denominado Consejo de la Carrera Judicial; d) la independencia funcional concedida al Organismo Judicial en la Ley Fundamental debe prevalecer sobre la misma característica conferida al Consejo de la Carrera Judicial por medio de una ley ordinaria; e) en el Artículo 209 constitucional se establece que jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia, por lo que al trasladarse al Consejo de la Carrera Judicial las funciones de nombrar y remover personal se están usurpando funciones que por mandato del constituyente corresponden a aquella Corte; f) por virtud del Artículo 79 de la ley cuestionada se derogan atribuciones que por imperativo constitucional son propias de la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia del Organismo Judicial y las Salas de la Corte de Apelaciones, para ser trasladadas al Consejo de la Carrera Judicial; con lo cual se vulnera lo preceptuado en los Artículos 175 y 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establecen la supremacía constitucional y que la soberanía radica en el pueblo, que la delega para su ejercicio en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo prohibida la subordinación entre estos; g) en el Artículo 205, literal a, de la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra establecida como una de las garantías del Organismo Judicial la independencia funcional, la cual está orientada hacia el ejercicio de todo lo relacionado con el quehacer administrativo; es decir, aspectos tales como el ingreso, permanencia, promoción, traslados, evaluación, régimen disciplinario y formación de los jueces y magistrados, a fin de asegurar su dignidad, estabilidad, independencia, imparcialidad y excelencia profesional en el ejercicio de sus funciones; pero todo ello debe depender del Organismo Judicial, no de un ente distinto como el Consejo de la Carrera Judicial; de ahí que sea inconstitucional lo previsto en el Artículo 4 de la Ley de la Carrera Judicial, que supone la supresión de la independencia funcional que constitucionalmente está garantizada para el Organismo Judicial y h) en sentencia dictada dentro del expediente 639-93, la Corte de Constitucionalidad consideró "... esta Corte considera que la Corte Suprema Justicia como autoridad nominadora, al acordar destituir al postulante del cargo que desempeñaba procedió en uso de las facultades que le confieren los artículos 209 de la Constitución y 55 inciso a) y 56 de la Ley del Organismo Judicial, en un procedimiento administrativo en el que dio al postulante la oportunidad de desvanecer los hechos que se le atribuían..." Pidió que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad de carácter general planteada. C.2 El Congreso de la República de Guatemala manifestó: a) en la Ley del Organismo Judicial se hace distinción entre las funciones administrativa y jurisdiccional, y así como se trata de distintas funciones, también lo son los órganos que encargados de llevarlas a cabo; b) lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley de la Carrera Judicial no transgrede normas constitucionales porque no se está delegando la función jurisdiccional sino se trata de una función administrativa; esto ocurre en otras instituciones, por ejemplo, en el Artículo 19, literal b, de la Ley de Adopciones, se regula que uno de los integrantes del Consejo Directivo es designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cargo que actualmente ocupa Thelma Noemí del Cid, quien no es magistrada de ese alto tribunal; c) lo preceptuado en el Artículo 6, literales b, c y o de la ley impugnada de ningún modo repercute en vulneración de los Artículos 203 y 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala; el Consejo de la Carrera Judicial no se encuentra usurpando funciones, ni se trata de institución paralela que coarte o merme aquellas que constitucionalmente competen al Organismo Judicial; d) en la exposición de motivos de la iniciativa de ley que posteriormente dio lugar a la ley cuestionada, quedó documentado que aquella "nace de acuerdo a las necesidades no contempladas, así como las nuevas prácticas acordes a la realidad nacional, que sea efectiva, eficaz pero sobre todo funcional. Esta ley armoniza con estándares y principios internacionales sobre derechos humanos aplicables al tema, asimismo con los Acuerdos de Paz (...) Todos los mecanismos regulados por la Ley de la Carrera Judicial contribuirán al buen desempeño de jueces y magistrados capaces, independientes, idóneos, respetados y respetuosos, así como el buen funcionamiento de la administración de justicia..." Solicitó que la acción constitucional formulada sea declarada sin lugar. C.3 El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, señaló: a) al cotejar el Artículo 5, literal a, de la Ley de la Carrera Judicial, en la frase "que no integren la misma", con los preceptos constitucionales cuya vulneración denuncia el postulante, se evidencia que no concurre contravención alguna que tome meritoria su expulsión del ordenamiento jurídico; la Corte Suprema de Justicia no está excluida de formar parte del Consejo de la Carrera Judicial, habida cuenta que le corresponde elegir representantes titular y suplente para integrarlo, con la única salvedad de que los designados para el efecto no sean integrantes de la citada Corte, lo cual obedece al objetivo de brindar certeza jurídica y que no se produzcan injerencias indebidas en la toma de decisiones de aquel Consejo; b) como señaló el Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, dentro del documento Misión a Guatemala 2009, la función esencial que desempeña la Corte Suprema de Justicia es impartir justicia, que se ve afectada al ejercer esta funciones administrativas, porque genera una cultura vertical dentro del Organismo Judicial que interfiere con la independencia de jueces y magistrados; c) el Congreso de la República, como parte de su función legislativa, realizó los estudios y análisis correspondientes a efecto de adecuar la normativa legal en materia de carrera judicial, para que garantice los fines para los cuales fue establecida en el Artículo 209 de la Constitución Política de la República de Guatemala; con ese fin, entre otras medidas, reformó la integración del Consejo de la Carrera Judicial de tal modo que se le asegure independencia de sus funciones y se le proteja de intromisiones en su debido ejercicio; d) el Organismo Judicial se ha organizado administrativa y jurisdiccionalmente para la realización de sus fines, por lo que no puede entenderse amenazada su independencia cuando se delegan a un órgano administrativo interno facultades específicas en materia de carrera judicial, orientadas a garantizar su dignidad, estabilidad, independencia, imparcialidad, responsabilidad y excelencia profesional en el ejercicio de la función jurisdiccional; e) difiere del argumento presentado por el postulante en cuanto a la presunta contradicción de lo dispuesto en el Artículo 6, literales b, c y o de la Ley de la Carrera Judicial con la independencia judicial establecida en el Artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala; el Organismo Judicial, como uno de los tres poderes del Estado, está organizado en torno a su propia ley orgánica, en la cual, para el cumplimiento de sus funciones, se distinguen dos áreas: jurisdiccional y administrativa; la independencia que se atribuye al Consejo de la Carrera Judicial en el Artículo 4 del cuerpo legal cuestionado, como órgano rector de la carrera judicial, no conduce a considerarle distinto, ajeno y autónomo respecto del Organismo Judicial, de cuya estructura organizacional forma parte, sino solamente protege su potestad de ejercer la competencia administrativa que le corresponde sin interferencias, sin recibir instrucciones o directrices de otro ente, dentro o fuera del citado Organismo; f) los preceptos indicados en la literal anterior tampoco vulneran el Artículo 205 constitucional, en virtud que la garantía de selección de personal que asiste al Organismo Judicial se encuentra asegurada, al ser un órgano administrativo interno el que específicamente tiene encomendada esa función, que es el Consejo de la Carrera Judicial; g) no es acertada la afirmación de que con la derogatoria de los Artículos 54, literales b, d, e, h, i y m; 55, literales a e i; 56; 88, literales d, e y f; 93, primer párrafo; y 100 de la Ley del Organismo Judicial; se le supriman al Organismo Judicial las funciones administrativas que constitucionalmente tiene asignadas; porque el propósito de la nueva Ley de la Carrera Judicial es la reestructuración y renovación del sistema de carrera judicial dentro del Organismo Judicial, atendiendo a las deficiencias que el Congreso de la República advirtió en la aplicación práctica de la ley anterior; de cualquier manera, el Consejo de la Carrera Judicial constituye un órgano interno de la estructura organizacional del Organismo Judicial y las atribuciones específicas que se le han asignado como rector de la materia, forman parte de la redefinición de las funciones administrativas dentro del citado Organismo, dirigida a garantizar la dignidad, la estabilidad, la independencia, la imparcialidad, la responsabilidad y la excelencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad de carácter general promovida.

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

A. Con relación a las acciones presentadas por Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial e Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial A.1 Los postulantes ratificaron lo expuesto y solicitado en el escrito inicial de inconstitucionalidad y, en adición, señalaron: a) el Ministerio Público descarta que la Ley de la Carrera Judicial contravenga la independencia judicial aduciendo que el Consejo de la Carrera Judicial no es un ente ajeno al Organismo Judicial; sin embargo, en ninguna parte de la referida ley se afirma que aquella instancia pertenezca a este Organismo; b) al afirmar que no resulta inconstitucional que los magistrados sean objeto de evaluación, el Ministerio Público desconoce el precedente emanado de la Corte de Constitucionalidad en sentido contrario, en el que esta se pronunció acerca de la misma previsión contenida en la Ley de la Carrera Judicial anterior, el cual debe ser atendido en observancia a la seguridad jurídica; c) el Ministerio Público apoya su postura de que la función de la Corte Suprema de Justicia debe ser exclusivamente la de impartir justicia, en el pronunciamiento del Relator Especial sobre Independencia Judicial; pero para atender ese punto de vista habría que reformar, en primer término, el Artículo 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que lo impide y d) la sola circunstancia de que se encuentre habilitada la posibilidad de reingreso de magistrados como jueces, aunque se trate de algo facultativo, incide en que la carrera judicial no se produzca hacia adelante, como debe ser, sino de forma regresiva. A.2 La Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial ratificaron lo argumentado y pedido con ocasión de la audiencia por quince días que les fuera conferida previamente. A.3 El Congreso de la República de Guatemala ratificó lo argumentado y solicitado con ocasión de la audiencia por quince días que les fuera conferida previamente y, en adición, señaló: a) la carrera judicial tiene por propósito perfeccionar los resultados de la administración de justicia, al brindar transparencia al sistema de acceso al servicio público, estabilidad laboral, e impedir la injerencia en el ingreso, promoción y ascensos; b) la frase "y magistrados", contenida en los Artículos 3, 6 y 32 de la Ley de la Carrera Judicial no puede ser considerada inconstitucional, habida cuenta que tanto jueces como magistrados deben ser debidamente evaluados y estar actualizados, para la efectiva realización de su labor; c) si cuando se declara que ha lugar la formación de causa o se dicta auto de procesamiento contra algún operador de justicia, no se separa a este del cargo, se pondría en riesgo la independencia judicial y se socavaría la confianza pública en la administración de justicia y d) la Constitución Política de la República de Guatemala no puede interpretarse de forma aislada sino debe efectuarse esa labor de manera integral, por lo que debe considerarse el fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala como factor para la consecución del bien común. A.4 El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, ratificó lo argumentado y pedido con ocasión de la audiencia por quince días que les fuera conferida previamente. B. Con relación a las acciones presentadas por Néctor Güilebáldo de León Ramírez, Luis Mauricio Corado Campos, Dixon Díaz Mendoza, Alba Susana López Racanac y Zonia de la Paz Santizo Corleto B.1 Los postulantes ratificaron lo expuesto y solicitado en el escrito inicial de inconstitucionalidad. B.2 La Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial, el Congreso de la República de Guatemala y el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, ratificaron lo argumentado y pedido con ocasión de la audiencia por quince días que les fuera conferida previamente. C. Con relación a la acción presentada por Francisco Coloj Mazate C.1 El postulante no alegó. C.2 La Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial, el Congreso de la República de Guatemala y el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, ratificaron lo argumentado y pedido con ocasión de la audiencia por quince días que les fuera conferida previamente.

CONSIDERANDO

-I-

objeto de la acción de inconstitucionalidad de carácter general

En los Artículos 267 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, está regulada la acción de inconstitucionalidad de carácter general, cuyo conocimiento y resolución corresponde a esta Corte en instancia única. La garantía constitucional citada permite efectuar control reparador de constitucionalidad normativa, con el propósito de excluir del ordenamiento jurídico vigente las leyes ordinarias, reglamentos y disposiciones generales que conlleven franca colisión con lo dispuesto en la Ley Fundamental y -por virtud del reconocimiento del bloque de constitucionalidad- en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

-II-

Precisiones preliminares sobre la estructuración y la delimitación de la
materia de análisis en el presente caso

Los accionantes promueven inconstitucionalidad contra el Decreto 32-2016 del Congreso de la República, mediante el cual este organismo aprobó la Ley de la Carrera Judicial, que sustituyó al cuerpo legal homónimo contenido en el Decreto 41-99 y sus reformas; aduciendo los motivos reseñados en el apartado de resultandos de este fallo.

Por cuestión de método, para efectos de realizar el análisis correspondiente acerca de las alegaciones expresadas por los sujetos procesales, estas se agruparán en cuatro segmentos considerativos, formados según la temática a la cual hacen referencia, en el orden siguiente: i. Consejo de la Carrera Judicial. Examen de constitucionalidad sobre disposiciones alusivas a sus atribuciones, modo de integración y funcionamiento; ii. Carrera judicial. Examen de constitucionalidad sobre disposiciones alusivas a parámetros de evaluación y permanencia; iii. Régimen disciplinario para jueces y magistrados. Examen de constitucionalidad sobre disposiciones alusivas a tipificación de faltas, fijación de sanciones y reglas procedimentales para la tramitación de quejas o denuncias y iv. Antejuicio de jueces y magistrados. Examen de constitucionalidad sobre disposiciones alusivas a sus alcances e implicaciones especiales.

Conviene precisar que, con posterioridad a la presentación de los planteamientos que por esta sentencia se resuelven, fue emitido el Decreto 17-2017 del Congreso de la República, por cual este dispuso reformar los Artículos 5, 30, 31, 51, 56, 58, 68 y 71, así como derogar los Artículos 67 y 78; todos de la Ley de la Carrera Judicial vigente, a la que se atribuye incompatibilidad con la Constitución Política de la República de Guatemala.

En atención a esa circunstancia, al abordarse los señalamientos que fueron presentados contra los Artículos 5, 31 y 71 se examinará como cuestión de previo conocimiento si, con las modificaciones que experimentaron, tales disposiciones aun preservan en su contenido los aspectos a los cuales los accionantes imputan vicio de inconstitucionalidad. De arribarse a respuesta afirmativa -y si, además, se cumplen los presupuestos de viabilidad atinentes- se impone que esta Corte, en elemental aplicación del principio pro actione, proceda a realizar el estudio que corresponde sobre los preceptos referidos tal y como se encuentran vigentes actualmente; habida cuenta que, aunque hayan podido variar respecto de su formulación original, no habrían cambiado en cuanto a las razones que motivaron su cuestionamiento por esta vía. Si, por el contrario, se concluye que con la reforma efectuada han dejado de existir esas razones, se habría disipado la materia de conocimiento y carecería de sentido emitir pronunciamiento sobre el particular.

En lo concerniente al Artículo 67, en virtud de haber sido derogado, ya no puede ser objeto de control por esta vía; porque no es factible examinar la constitucionalidad de una disposición cuyo contenido ya no forma parte del ordenamiento jurídico vigente.

-III-

Consejo de la Carrera Judicial. Examen de constitucionalidad sobre
disposiciones alusivas a sus atribuciones, modo de integración y
funcionamiento.

A. Del vicio de inconstitucionalidad total que se adjudica a la Ley de la Carrera Judicial y parcial, a los Artículos 4 al 6, 8 al 13 y 79 de la misma ley; por supuesta contravención de los Artículos 203, 205, literales a y d, y 209 de la Constitución Política de la República de Guatemala

Disposiciones cuestionadas

"Artículo 4. Órgano responsable.

El Organismo Judicial debe incluir en el presupuesto el monto necesario y adecuado para fortalecer y garantizar el efectivo funcionamiento del Consejo de la Carrera Judicial y de sus órganos auxiliares." [Partes conducentes, según alusión de los postulantes] "Artículo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial. La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo (...) El Consejo de la Carrera Judicial deberá asesorarse de los órganos y unidades técnicas del Organismo Judicial para asegurar la incorporación del enfoque étnico y de género en todos los procesos relativos a la carrera judicial..." [Parte conducente, según alusión de los postulantes, del texto original del Decreto 32-2016, vigente al ser planteada la acción de inconstitucionalidad; fragmento que no experimentó alteración alguna con la reforma efectuada a ese Artículo mediante el Decreto 17-2017 del Congreso de la República]